Los peritos de Criminalística de la Guardia Civil rafiticaron ayer en su declaración por el crimen de Talavera, en la Audiencia de Badajoz, que se hallaron vestigios de ADN del acusado, José G. A., mezclados con sangre de la víctima, Antonio Paniagua, que situan a aquel en el domicilio de la víctima. Y ello con una certeza casi total, con un margen de error, señalaron de una posibilidad entre un heptillón --- 7.000 millones--, como destacaron después el Ministerio Fiscal y el letrado que lleva la acusación particular, Alfredo Pereira.

El abogado de la defensa, José Duarte, destacó, por su parte, de lo expuesto en la sala de vistas, que los peritos encargados de analizar y de informar sobre la geolocalizacón del móvil del acusado, «solo controlaron el de éste» y que «en ningún momento sitñuan a mi defendido en el lugar del crimen».

También señaló que no se practicaron pruebas de ADN para su cotejo de ninguno más entre los posibles sospechosos que de J. G. A., como indicaron los peritos. Si bien, se practicaron análisis de ADN y no se intervino para detenerlo hasta que el juzgado de instrucción recibió un anticipo de los resultados, que ya indicaba la mezcla de ADN del acusado con sangre de la víctima en la bicicleta de aquel, como señaló el fiscal al preguntar a los expertos.

Posteriormente, los informes completos situaron la prueba de ADN del acusado, solo de él y mezclada con sangre de la víctima en el domicilio de ésta.

El tribunal y las partes interrogaron por videoconferencia a peritos de la Guardia Civil sobre los vestigios de una mujer hallados en un vehículo, que finalmente resultaron ser ajenos al caso. También indicaron que no se halló ningún otro resto de una ninguna otra mujer durante la investigación.

El juicio continuará el próximo jueves, día 16 de marzo, a las 9.55 horas, para tomar declaración a los forenses sobre la data de la muerte, las causas, las características de las heridas y del arma, una maceta rellena de cemento, para concluir con la exposición de conclusiones definitivas por parte del fiscal, de la acusación particular --que piden 19 años de prisión-- y de la defensa.