El ciudadano búlgaro Emili Teodorov se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia de Badajoz para ser juzgado por un delito de tráfico ilegal de personas, del que le acusa el fiscal a raíz de su detención en diciembre del 2004, por introducir de forma ilegal en el país al menos a 30 compatriotas, según dijo entonces la policía, prometiéndoles trabajo a cambio de 300 euros. Lo denunciaron la Asociación Todos Iguales & Todos Legales y seis de las presuntas víctimas.

Teodorov se enfrenta a una pena de seis años de prisión, que solicita el fiscal, mientras que la defensa pide la absolución pues "sólo ayudó a esas personas".

El juicio comenzó ayer en la Audiencia y el acusado, que compareció en la sala esposado y tranquilo, rechazó la acusación y se declaró inocente. Teodorov, que dijo "yo sé idiomas --ocho--, soy políglota, poeta y todo", negó que cobrara cantidad alguna a sus compatriotas por ayudarles una vez estaban en Badajoz, como tampoco grandes cantidades por alojamiento, aunque sí admitió que pagaban los gastos del alquiler de los pisos en los que los alojaba: uno junto a la plaza de toros, otro en La Paz y otro en la calle Santa Lucía.

LA SUSPENSION La vista oral, tras la declaración de policías que intervinieron en el caso y de varios testigos, fue suspendida hasta el día 8 del próximo mes de noviembre, debido a la ausencia de "un testigo fundamental de la defensa", según dijo el letrado Francisco José Fernández.

Los policías que participaron en la vigilancia y en la detención manifestaron que las denuncias de la asociación y de otras seis personas vinieron a corroborar las informaciones "que ya teníamos por varias vías".

El acusado, cuando el fiscal le preguntó por qué le había denunciado una mujer, con la que había tenido "una amistad muy íntima", respondió que "porque estaba con otra mujer", Sobre los demás denunciantes, afirmó que "lo habrán hecho influnciados por ella".

Esta testigo manifestó después, preguntada al respecto por la defensa, que "eso a mí me da igual". Lo denunció porque "no cumplió" lo que le prometió: un trabajo; aunque negó que el acusado actuara a modo de una organización o una red de extorsión, "no señor, eso no", aseguró. Cuando el defensor le preguntó si "fue una promesa a cambio de algo". La mujer respondió que "la promesa no es obligación".

Todos los testigos que declararon ayer afirmaron que habían contactado con el acusado en su país, aunque cuatro aseguraron que pagaron 300 euros a cambio de un trabajo y que luego, además del viaje, pagaron el alquiler, entre 60 y 200 euros, según distintos testimonios; otros tres señalaron que no les cobró nada por ayudarles y que sólo le pagaron el alquiler.

El fiscal dirigió su interrogatorio a demostrar que Teodorov trabajaba con un método, que contactaba con sus compatriotas en Bulgaria, que pagaban 300 euros con la promesa de un trabajo, que eran recibidos en Badajoz por el acusado y que éste les trasladaba a sus pisos y les cobraba alquiler, además de hacer otras gestiones.

INTERROGANTES La defensa, por su parte, planteó interrogantes como la existencia de relaciones personales entre denunciantes, o el hecho de que unos pagaron en su país y otros aquí, lo que en su opinión indica que no hay extorsión, sino ayuda a unas personas que ya tenían decidido venir a España a trabajar y se dirigían a él porque habla español y sabían de sus viajes a España.

La presidenta de Todos Iguales & Todos Legales, Silvia Moyano, admitió que informó a los denunciantes de que si colaboraban con la justicia tendrían derecho a legalizar su situación, "porque así lo dice la ley". Afirmó que lo denunciaron porque a pesar de advertirle de que lo que hacía era delito, continuó con ello, y que previamente habían informado al inspector de la Brigada de Extranjería de lo ocurría, pues sospechaban que había introducido en España a más de 50 personas.

LA DETENCION La policía detuvo a Emili Teodorov el 30 de diciembre del 2004, aunque la noticia no trascendió hasta el 4 de enero del 2005. El detenido ingresó en prisión por orden judicial, donde ha permanecido hasta ahora.

Según la policía, las víctimas eran captadas en la ciudad búlgara de Vidin, donde el ahora acusado era conocido por regentar una academia de idiomas. Venían en grupos reducidos y Teodorov cambiaba constantemente de domicilio y de número de móvil. Además, según reconoció, nunca sobrepasó el periodo permitido de estancia en España como turista, "para no infringir la Ley de Extranjería".