El delegado por Badajoz del sindicato del profesorado extremeño y de interinos PIDE, Alvaro García Fernández, solicitó ayer al fiscal jefe de Badajoz, Antonio Mateo, en una reunión mantenida en la Audiencia Provincial, que las agresiones a los docentes por parte de alumnos y de sus progenitores se tipifiquen de "atentado a la autoridad", al considerar que son funcionarios públicos en ejercicio de su actividad al servicio de la sociedad. Esta propuesta la hizo la semana pasada el fiscal jefe de Cataluña.

Esto conllevaría, según Alvaro García, un endurecimiento de las penas solicitadas, al pasar de ser castigado con penas leves por una lesión a penas de prisión por un delito de atentado. El delegado de PIDE desea que se empiece a trabajar en esta línea "desde hoy" con el fin de hacerle llegar a los docentes una mayor sensación de protección jurídica en su labor educativa.

La reunión se celebró a raíz de la solicitud de este sindicato, con el fin de tratar los últimos acontencimientos surgidos en Extremadura, "que están dificultando lo que debería ser una normal labor docente, y ante el clima de indefensión generalizado entre el colectivo". García aseguró que el fiscal jefe les ha transmitido "su apoyo y sensibilidad, y ha mostrado su disposición a considerar las agresiones como atentado", según el sindicalista.

COMO LOS MEDICOS En este sentido recordó que las fiscalías de Andalucía, Cataluña y Navarra, así como el mismo Fiscal General del Estado, "se han mostrado en sintonía con esta petición", que considera viable "porque no es necesario modificar el Código Penal, sino aplicar de una forma más estricta la legislación actual, porque esta figura está prevista, en otras CCAA se ha hecho con los sanitarios".

Con estas propuestas "no pretendemos judicializar la situación sino ofrecer seguridad jurídica a los docentes ante hechos lamentables". En un par de días, PIDE espera reunirse con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Extremadura para trasladarle la misma reivindicación.