Pilar Lozano, coordinadora estatal de Marea Turquesa, miembro de Luchemos por Ellos y activista proderechos de la infancia y sus familias, se entrevistó ayer con el fiscal de Menores para pedir que se investiguen las supuestas «presiones y amenazas» que sufre el menor que denunció haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de otros dos menores en el centro San Juan Bautista, de Badajoz.

Lozano se entrevistó con el fiscal de Menores tras hablar con los padres del chico de 14 años que denunció los presuntos abusos, que permanece interno en el centro de acogida con su hermano de 10 años y su hermana de 7, según explicó la madre, Isabel Gómez, acompañada por el padre de los niños, que pidió que no se diera su nombre.

Marea Turquesa se ha interesado por el caso después de saber por Isabel Gómez que su hijo estaba siendo objeto de represalias, «con presiones y amenazas por parte de dos miembros del centro, educadores o voluntarios», por lo que, dijo, «le he pedido que se investigue y el fiscal ha dicho que se investigará».

Isabel Gómez afirmó que «le han querido pegar, incluso; también quisieron castigarlo dejándolo solo 48 horas en una habitación, e intentaron ponerle grilletes, como si fuera un preso, pero él no se dejó».

La madre asegura que denunció los hechos en diciembre y que hay numerosas denuncias «me ha dicho mi abogado», por el trato a los menores, pero la Policía Nacional no tenía constancia de dichas denuncias y en la fiscalía declinaron hablar con este diario, hasta la llegada del fiscal jefe que ayer se hallaba de viaje.

DENUNCIAS / Pilar Lozano aseguró que ella solo tiene constancia de cinco denuncias, de las que se tuvo conocimiento tras los hechos, ocurridos en noviembre pasado, si bien la Junta afirmó entonces que solo eran dos.

Así mismo, la causa abierta a raíz de la denuncia formulada en su día, Pilar Lozano manifestó que, según el fiscal, «se ha terminado el proceso de instrucción y el caso está pendiente, solo de que se le ponga fecha a la celebración del juicios».

Pedida información a la Consejería de Salud y Política Social, ésta manifestó por escrito que «La Junta hizo en su momento lo que tenía que hacer y puso el caso en manos de la justicia».