El Pleno de la Diputación de Badajoz aprobó ayer, con la abstención del PP, el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la entidad general y de sus organismos autónomos, con el que se pretende «mejorar las condiciones laborales de los empleados en cuanto a estabilidad, movilidad laboral, promoción profesional, conciliación, formación, relaciones laborales, igualdad, prevención de riesgos y salud laboral».
Este plan contempla la convocatoria en este año de unas 120 plazas en total de diferentes características y se articula en cuatro ejes: medidas organizativas, oferta de empleo público, funcionarización del personal laboral fijo y compatibilidad con medidas para regular el desempeño de una segunda actividad. En este marco se abordan las negociaciones sindicales, la carrera profesional o la regulación del trabajo, entre otras materias.
En cuanto a las plazas que se convocarán, serán 50 de promoción interna, saldrán 24 a libre concurrencia y 45 en el proceso de funcionarización, además de potenciar la formación a través de cursos de la Plataforma Minerva. El plan afectará a la totalidad de la plantilla de la institución, formada por 1.179 empleados de la diputación, sus consorcio y organismos autónomos.
Así mismo, el pleno aprobó por unanimidad la modificación de la Ordenanza del Precio Pública de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, que contempla becas para familias sin recursos y cuyos hijos tengan un buen expediente académico para que puedan continuar sus estudios, sin tener que pagar la residencia, aparte de otro tipo de bonificaciones en diferentes casos.
REGLA DE GASTO / También aprobó una modificación de las bases de ejecución del presupuesto sobre, en relación a la relación de puestos de trabajo, funciones y retribuciones; así como un nuevo reglamento de los centros integrales de desarrollo y se informó al pleno de la liquidación del presupuesto de 2016 (Ver diario de ayer).
Por otro lado, el pleno sacó adelante con el voto socialista y la abstención popular, una moción que insta a la Asamblea de Extremadura a que remita a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que derogue la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), así como pedir al Gobierno central que flexibilice la regla de gasto incluida en la citada ley. El fin es que los ayuntamientos y las diputaciones solventes puedan dedicar su superávit a inversiones o a la prestación de servicios básicos. Y emplaza también a las entidades locales de la provincia a sumarse a esta moción «para alcanzar un compromiso municipalista».
