Periodista
Demasiado tiempo hablando de los beneficios injustificados que está obteniendo Aqualia desde que gestiona el servicio del agua en Badajoz, las elevadas tarifas que soportan los pacenses y el IVA multiplicado en las obras del plan director. Llegó el día en el que el equipo de gobierno se sometió a las preguntas de los grupos de la oposición en el ayuntamiento, y la oposición a las respuestas de los populares, y no pasó nada de nada; todo el mundo salió del salón de plenos como entró, con las mismas dudas y con las mismas inseguridades. Fue un diálogo entre sordos.
Los socialistas, que han estado removiendo la cuestión desde hace meses, intentaron que el gobierno municipal aceptase que organismos externos al consistorio valorasen la gestión que se ha estado haciendo del servicio del agua y el procedimiento seguido en todo el proceso. Pero el PP reaccionó y se sacó de la manga dos ases: los informes del interventor municipal y del secretario del ayuntamiento, a quienes se les presume solvencia e independencia.
Una vez terminado el pleno, un socialista comentaba decepcionado, que es normal que estos técnicos corroboren todo el procedimiento seguido con el agua, pues lo contrario supondría reconocer su propia incompetencia, ya que son ellos los que deben respaldar que se cumple la ley en todas las decisiones adoptadas en el ayuntamiento y sería tirar piedras contra su propio tejado.
Algo sacamos en claro: el PP no quiere que nadie de fuera le diga cómo tiene que hacer las cosas y la oposición, si no se conforma y cree tener pruebas de sus acusaciones, debe acudir a otras instancias.
