TCtomo no hay mal que por bien no venga, gracias a la crisis y a algunos casos como el del famoso Lexus de la vicepresidenta económica de la Junta, los políticos extremeños han decidido ponerle límite al gasto público, es decir, al uso que hacen del dinero de todos los extremeños.
Aunque la idea lleva ya algunos meses en el aire, por fin esta semana el PSOE y el PP han acordado ponerse manos a la obra para pactar un código de buenas prácticas o código del buen gobierno con el que se quiere regular desde el precio de los coches oficiales al uso de tarjetas de créditos. Incluso se proponen limitar el gasto en teléfonos móviles. Ya me imagino a algunos con su tarjeta prepago y con recargas justitas.
Y afortunadamente el acuerdo será aplicable a todas las administraciones de la región, independientemente de que hasta la fecha muchos políticos estuvieran haciendo un uso impecable del erario público.
No se entendería que los ayuntamientos o cualquier otra institución hubieran escapado a una regulación que aportará mayor transparencia en la gestión. Y más en tiempos de crisis. Porque la crítica de los ciudadanos a este tipo de gastos por parte de la clase política es directamente proporcional a la estrechez de nuestros bolsillos.
Es cierto que el nombre que se le ha dado a este futuro acuerdo conlleva una maldad implícita con tan solo hacerse la pregunta por pasiva. De ahí que Miguel Celdrán , genio y figura hasta la sepultura, haya dicho ya que "a él ser decente se lo enseñó su padre" y que "ni mijitas" le va a decir nadie, a estas alturas, cómo gobernar el Ayuntamiento de Badajoz.
Seguramente Celdrán y otros muchos gestores políticos estén haciendo bien su trabajo, de hecho, si no fuera así, los ciudadanos ya lo hubieran dicho en las urnas. Pero no se trata de cuestionar lo hecho hasta ahora, sino de poner en marcha unos mecanismos de control que deberían haber estado funcionando desde hace mucho tiempo.
