El PP logró sacar adelante ayer el presupuesto municipal del 2016 con el apoyo de su "socio", el grupo municipal de Ciudadanos, según reconoció en una de sus intervenciones la concejala de Economía y Hacienda, Maripaz Luján, que se estrenaba en estas lides. Tanto el PSOE como Podemos Recuperar Badajoz votaron en contra.
El presupuesto se eleva a 102,9 millones de euros (108,8 si se tiene en cuenta a los organismos autónomos), 2,6 millones más que el ejercicio anterior. Luján explicó que los ingresos suben un 9,68% fundamentalmente por el incremento del IBI urbano tras las actualizaciones catastrales, "sin subir el impuesto", mientras que la recaudación prevista del impuesto de la construcción (ICIO) baja. En cuanto a los gastos, defendió que las políticas sociales tienen una presencia transversal en distintas partidas y el IMSS es el único organismo que en el que no se reduce la aportación municipal. Luján defendió que se han incluido las propuestas de los grupos de la oposición, con cuyo voto esperaba contar.
Se trata de los primeros presupuestos que confecciona el PP desde que perdió la mayoría absoluta. Hay que recordar que en el 2015 se prorrogaron los del 2014. Según los socialistas, son los mismos presupuestos que hubiese confeccionado el equipo popular si hubiese mantenido la mayoría absoluta. Su portavoz, Ricardo Cabezas, defendió que a pesar de existir un acuerdo con Ciudadanos, este grupo sólo ha incorporado tres inversiones por valor de 150.000 para una escultura a Menacho, unos cañones en el hornabeque y mejoras en el hogar canino, la única aportación con la que el PSOE está de acuerdo, mientras que otras peticiones se han pospuesto para ser realizadas con el remanente. Cabezas puso el acento en que la inversión por habitante en Badajoz es de 676,78 euros, por debajo de la media nacional, regional y provincial y acusó al PP de carecer de "un modelo claro de ciudad" como ha demostrado tras 20 presupuestos municipales. Lamentó que las propuestas de su grupo no se hayan tenido en cuenta, como 750.000 euros para los barrios, aunque Luján anunció que se incluirán en el Plan de Impulso a la Economía Local. Los portavoces socialista y de Podemos Recuperar Badajoz coincidieron en reclamar el plan de justicia social que la oposición había cifrado en 1,5 millones y que el PP insiste en que se ha incluido, a través de las aportaciones al Plan de Empleo Social y una de las dos partidas de la iniciativa Dusi. Cabezas criticó especialmente que se hayan incluido en la Relación de Puestos de Trabajo dos plazas de interinos para el archivo municipal, tras la sentencia que obligó a contratar a dos becarias, una situación que tachó de ilegal. Anunció además que Tubasa y Aqualia, las concesionarias del autobús urbano y el agua, respectivamente, "serán objeto de fiscalización" por parte de su grupo.
También el portavoz de Podemos, Remigio Cordero, se refirió a los servicios públicos privatizados y defendió su remunicipalización. Llegó a acusar al equipo de gobierno de propiciar estrategias privatizadoras con la elección de jefes de servicio que no siempre son los trabajadores más capacitados sino por demostrar su fidelidad al partido. Cordero lamentó por otra parte que se haya prolongado en demasía la aprobación de los presupuestos y pidió que se empiecen a negociar los próximos con una mayor implicación en las necesidades sociales de la ciudad. Por estos motivos y por el nuevo sistema de retribuciones de los concejales no liberados, su grupo votó el contra.
El portavoz de Ciudadanos, Luis García-Borruel, hizo un llamamiento a la "autocrítica" por parte de los tres grupos de la oposición por no haber sido capaces de presentar unos presupuestos alternativos. Dejó claro que "éstos no son nuestros presupuestos" pero las opciones eran "quedarse fuera" o incluir medidas propias que, según Borruel, no todas tienen traducción económica.
Al pleno extraordinario asistió entre el público una numerosa representación de los bomberos del parque municipal para volver a reclamar con su presencia un incremento de personal. Luján dejó claro que la oferta pública de empleo se comunicará a las mesas de negociación tras la aprobación de los presupuestos. Confirmó que existen 115 plazas vacantes pero la ley impide convocarlas, a pesar de lo cual se hará "un esfuerzo" en servicios prioritarios y esenciales.
