Mientras la Comisión Informativa de Recursos Humanos abordaba la modificación de la jornada laboral de la policía local, a las puertas del ayuntamiento se concentraron ayer cerca de medio centenar de agentes para mostrar su rechazo a la propuesta del equipo de gobierno. Pese a las protestas de los sindicatos, PP y Ciudadanos dieron el visto bueno al cambio en la jornada por lo que, salvo imprevistos, se aprobará en el pleno extraordinario del próximo viernes. PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y el concejal no adscrito Luis García Borruel se reservaron el voto para estudiar la documentación que se les proporcionó en la reunión. No obstante, tanto este último como el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, y el concejal de la formación morada Fernando de las Heras estuvieron mostrando su apoyo a los agentes concentrados.

La concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, defendió que la propuesta que se ha planteado es «un buen acuerdo» para la ciudad y cuenta con el aval de la Intervención y la Secretaría Municipal, a diferencia del alcanzado en el 2015 entre sindicatos y ayuntamiento sobre los índices correctores para llegar a las horas establecidas por ley para cobrar servicios extraordinarios, que fue fruto de la voluntad «política», pero que no respaldaban estos órganos municipales.

Villalba aseguró que, tras la sentencia judicial que dictaminó que la policía local «no realizaba las horas que le corresponde», el equipo de gobierno ha trasladado a los representantes sindicales «tres o cuatro propuestas», pero que ninguna ha sido aceptada. En este sentido, subrayó que se ha intentado «negociar al máximo» y que se han recogido algunas de las alegaciones presentadas por los sindicatos, pero que tras comprobar que el consenso no era posible se ha decidido elevar a pleno la modificación.

La concejala explicó que el ayuntamiento ha utilizado los índices correctores de la Policía Nacional, tal como propusieron los sindicatos, aunque teniendo en cuenta las «peculiaridades» del cuerpo municipal. Negó, como critican las centrales sindicales, que el cambio de jornada pretenda cubrir los actos que se celebran en la ciudad a lo largo del año generando una bolsa de horas que los agentes deberán cumplir en el siguiente ejercicio y recalcó que, cuando se realicen servicios extraordinarios, se abonarán. «Déficit de horas hay ahora por eso no se podían realizar», expuso.

Por su parte, los representantes de Aspolobba, UGT y CCOO, insistieron ayer en que el equipo de gobierno «no ha negociado» la nueva jornada laboral, que tacharon de «torticera», sino que se trata de una imposición para «sacar muchos más servicios a coste cero», según denunció Francisco Díaz, de Aspolobba. «Tenemos el enemigo dentro, porque esto ha sido maquinado por nuestro jefe, que ha buscado la fórmula para tener muchas más horas de los mismos policías, sin respetar sus derechos», añadió el representante sindical.

Los sindicatos criticaron que esta decisión es consecuencia de la «dejadez» que ha sufrido este servicio durante los últimos 20 años, en los que no se ha aumentado la plantilla en función de las necesidades de la ciudad, que en estos momentos debería contar, aseguran, con 125 agentes más. «Deberían haber convocado las plazas suficientes para no tener que exprimir ahora los derechos de los trabajadores», reprochó Jorge Beltrán, de UGT, quien acusó al equipo de gobierno de no respetar el acuerdo del año 2015 «que firmamos todas las partes» y de crear «una jornada de laboratorio» que les perjudica.

«Los sindicatos advirtieron de que su asesoría jurídica está revisando el documento de la modificación de jornada para emprender las acciones judiciales que sean necesarias, pues consideran que algunos aspectos pueden ser «incluso ilegales».

La concejala de Recursos Humnos no concretó la fecha en la que podría entrar en vigor la nueva jornada laboral de la policía local. Tras ser aprobada en pleno, se tendrá que modificar la Relación de Puestos de Trabajo.

BOMBEROS / La Comisión de Recursos Humanos también trató ayer el acuerdo alcanzado con los bomberos sobre el sistema de respuesta, que se firmó en diciembre del 2016 y está en vigor desde el 1 de enero, pero que aún no había pasado por pleno. Los bomberos cobrarán los atrasos por el complemento salarial que conlleva, que tampoco se ha abonado hasta ahora.