El equipo de gobierno municipal consiguió ayer el apoyo de los concejales de Podemos Recuperar Badajoz (PRB) para sacar adelante una moción del PP instando a la permanencia el Consejo Consultivo de Extremadura, con sede en Badajoz, y a que el parlamento extremeño se oponga a cualquier iniciativa que suponga derogar, suspender o suprimir este órgano y sus funciones. Podemos logró que los populares aceptasen su transaccional para dejar constancia expresa en la moción de la "transformación" del consejo en un órgano "profesionalizado e independiente".
Para Podemos, la importancia de este añadido radica, según comentó el portavoz, Remigio Cordero, en que los ciudadanos saben que existen instituciones creadas para recolocar a personas que han perdido su puesto en órganos políticos directos y, de hecho, el Consejo Consultivo reserva cargos de consejeros a quienes han sido presidentes de la Junta y de la Asamblea, cuando, según Cordero, los integrantes de este órgano deben ser funcionarios que pertenezcan al cuerpo de letrados. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, recordó que fueron miembros de este consejo Francisco Vázquez y Federico Suárez.
La portavoz popular, María José Solana, apeló a la "responsabilidad" del resto de los grupos para apoyar que el Consejo Consultivo siga existiendo, al margen de localismos. El alcalde sin embargo sí defendió que se mantenga su sede en Badajoz. Solana justificó que el 90% de las consultas proceden de los ayuntamientos.
El socialista Fernando Carmona intentó desmarcarse de los argumentos de su partido en la Asamblea, porque dijo que el grupo municipal tiene los suyos propios, y negó que sea cierto que la actividad fundamental de este consejo sea prestar servicio a los ayuntamientos. Apuntó que más del 81% de los asuntos que abordó el año pasado fueron de responsabilidad patrimonial. También puso sobre la mesa que su funcionamiento cuesta 1,7 millones al año. El portavoz de Ciudadanos, Luis García-Borruel, por su parte, votó en sintonía con la posición de su grupo en la Asamblea y alegó que no se pueden tener 17 instituciones distintas por cada comunidad autónoma.
Ayer Ciudadanos no se mostró como el tradicional aliado del PP, que logró sacar adelante la cuenta general del 2014 gracias a la abstención de Podemos, pues tanto Borruel como el PSOE votaron en contra, a pesar de que el alcalde intentó convencerlos de que con su postura no estaban criticando la gestión económica del gobierno municipal, pues esta cuenta se limita a describir la situación del ayuntamiento y es necesaria su aprobación para su fiscalización por el Tribunal de Cuentas, de forma que de no salir adelante "podría tener sus consecuencias". La concejala de Hacienda, Maripaz Luján, defendió que la liquidación del 2014 pone de manifiesto una situación "saneada", el ahorro neto es positivo y el endeudamiento ha disminuido en casi 3 millones de euros.
En este sentido, Cordero manifestó que su grupo no entraba en cuestiones formales, pero que en una ciudad con tantas necesidades sociales "no es una buena noticia" que se reduzca el endeudamiento municipal. A pesar de ello, se abstuvieron "por responsabilidad". Los socialistas votaron en contra, como ya anunció el día anterior el concejal Emilio Pérez, y también lo hizo Ciudadanos por "las irregularidades" puestas de manifiesto por el informe de la interventora.
En el pleno también se dio cuenta de la estabilidad presupuestaria de la Inmobiliaria Municipal. El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, reconoció sus problemas de liquidez, sobrevenidos por la crisis del sector, a pesar de que los activos libres de carga hipotecaria superan 1,1 millones de euros, y anunció que ya se están diseñando medidas que se negociarán con los presupuestos del 2016.
