La Cuenta General no solo es un documento contable que refleja la situación económica y financiera del ayuntamiento, sino que su aprobación es obligatoria para su fiscalización por el Tribunal de Cuentas y no aprobarla supondría congelar la transferencia de los tributos del Estado a las arcas municipales, que pueden rondar los 30 millones de euros, según alertó ayer el concejal socialista Emilio Pérez, durante el pleno ordinario, en el que el PP consiguió sacar adelante la Cuenta General del 2015 con el apoyo de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE y de Podemos.

Otra vez el equipo de gobierno consiguió convencer a un grupo de la oposición para aprobarla. El año pasado fue Podemos el que se abstuvo, en un ejercicio de «responsabilidad», el mismo motivo que esgrimió ayer el portavoz de C´s, Luis García-Borruel. Pero Pérez criticó que el PP apele a su sentido de responsabilidad a modo de «chantaje político» y no asuma la suya. El PSOE votó en contra porque la Cuenta General vuelve a presentarse fuera de plazo, con cuatro meses de retraso, y de nuevo la interventora informa de que presenta saldos que no reflejan la situación patrimonial real del ayuntamiento y pide que se adopten medidas, como en años anteriores.

La concejala de Hacienda, Maripaz Luján, realizó una defensa escueta de la situación saneada del ayuntamiento. Señaló que el consistorio no tiene déficit, el remanente líquido de tesorería vuelve a ser positivo, y el nivel de endeudamiento es «espectacular». Defendió la «solvencia» demostrada en el periodo medio de pago a los proveedores, que en el 2015 fue de 2,11 días y en el 2016, de -0,58, con un signo negativo, porque está por debajo de los 30 días naturales de la presentación de las facturas, que es el máximo previsto. Luján reconoció que «vamos fuera de plazo, eso es una realidad» y señaló que los problemas en patrimonio se resolverán con una plaza prevista en la oferta pública de empleo y el traspaso del personal de la Inmobiliaria Municipal. La concejala negó que la Cuenta General no refleje la situación real, porque es un documento contable.

En el debate, la oposición coincidió en criticar que aunque puede que se esté pagando pronto a los proveedores, el problema de este ayuntamiento es «que siempre paga a los mismos», según Pérez. El portavoz de Podemos, Remigio Cordero, llegó a decir que podría abonar incluso antes, porque «es tan previsible a quién le dan los contratos que podrían tener antes las facturas». Para este portavoz, puede que, como dijo Maripaz, «todo el mundo quiera trabajar con el ayuntamiento, el problema es que no todo el mundo puede». En cuanto a los plazos, Cordero, señaló que en un «ejercicio de responsabilidad» este año no se abstenían, como hicieron con la Cuenta General anterior, porque la Administración tiene sus periodos establecidos. «Vender como un éxito un error evidente es un poco descarado». Por su parte, Borruel, a pesar de votar a favor, también lamentó el retraso, como ocurrió con el DUSI y el pliego de las led. «Aquí todo se trae el último día, poniendo a los concejales entre la espada y la pared».