El comité de empresa de Pracon (Prestación de Servicios Auxiliares Específicos y Concretos a Empresas S.L.), un centro especial de empleo en el que trabajan 105 discapacitados, ha hecho público a través de un comunicado la inquietud de los trabajadores ante las "numerosas" sanciones administrativas propuestas contra esta empresa por el departamento de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, porque los agentes entienden que estos trabajadores realizan labores de vigilancia privada sin titulación.
Sin embargo, el empresario de este centro (que pertenece al grupo de Secoex, que sí se dedica a la seguridad), Joaquín Rubiales, aseguró ayer a este diario que estas personas realizan servicios externalizados, generalmente de porteros, conserjes, así como labores de limpieza, que nada tienen que ver con la vigilancia.
El delegado de UGT, José Antonio del Hoyo, detalló que las inspecciones policiales se suceden desde hace semanas y hay un expediente abierto, que aún no se ha resuelto, que podría conllevar hasta 30.000 euros de sanción a la empresa y 3.000 a los trabajadores. La Policía Nacional no respondió a este diario.
