El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, manifestó ayer su respeto por la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Hospital Provincial y negó sectarismo por su parte. Destacó que la institución, propietaria del edificio, «ha sido fiel a sus planteamientos y ha esperado casi un año para que desde el ayuntamiento se decidiera el uso del edificio», y que «solo cuando los grupos no se pusieron de acuerdo, la diputación puso en marcha su plan director, que generará economía y revitalizará el centro de Badajoz».
Gallardo dijo que «la diputación no ha sido sectaria en este proyecto y se abrió a la participación del Colegio de Arquitectos, en la licitación y será jurado; estamos dispuesto a que sea un proyecto coliderado», dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la convocatoria de la manifestación, con la que los convocantes pedirán que se retire el plan director.
Así mismo, ayer, los portavoces municipales de Podemos, Remigio Cordero, y de Ciudadanos, Luis García Borruel, anunciaron ayer su apoyo a la convocatoria de manifestación e invitaron a los ciudadanos a participar en la misma.
Ambos manifestaron que «no nos gustaría que el alcalde y el presidente de la diputación lo tengan ya hablado», pues ven indicios de que «tienen algún tipo de acuerdo», lo que dificultaría las relaciones del PP con Ciudadanos, dijo Borruel.
Ambos afirmaron que esperan que el alcalde convoque la Mesa del Hospital y que se pronuncie sobre el tema. «Este y otros puntos mantienen distanciados al PP y a C’s», añadió Borruel.
Cordero señaló que aunque el edificio es propiedad de la diputación, «todo el mundo lo que considera de la ciudad». Y abogó por usos públicos para un edificio público, «y no privado, como indica la plasmación de un acuerdo PP-PSOE».
Ambos reclamaron que se aborde la inversión para llevar a cabo la recuperación del edificio, valorada en unos 22 millones de euros. Criticaron el plan director y manifestaron que «si se lleva a cabo, aparte de la responsabilidad de los presidentes de la Junta y la diputación, el ayuntamiento sería cómplice».
