Las administraciones públicas deben procurar el bienestar y el beneficio de los ciudadanos, sin discriminación. Me refiero, en este caso, a los promotores de proyectos en cascos históricos, quienes, después de muchas trabas se encuentran de pronto, cuando ya creían culminado el proceso, en la necesidad de hacer una excavación arqueológica. Se suelen escandalizar, ellos y quienes los acompañan en la empresa. No tienen razón. Las Leyes estaban ahí y ya se sabe que su ignorancia no exime de su cumplimiento. Pero si ellos no las conocían, los técnicos -si lo son- con los que trabajan deberían haberlos apercibido. Pero se suele soslayar el problema. Y si aparecen restos de interés comienzan las discusiones sobre su conservación. No todo debe mantenerse, pero la fecha de lo exhumado no puede ser el criterio para su destrucción. Y dejar sin agotar el fondo arqueológico de una parcela que se va a construir, profundizando solo hasta donde vayan a alcanzar las nuevas estructuras, es un fraude de Ley como la copa de un pino. Las leyes de Patrimonio no indican que se salve solo lo afectado, dejando el resto para un futuro incierto. No es, o no debe ser, así. Son comprensibles las quejas de los promotores, pero nunca -digo nunca- la memoria colectiva, que es un bien público, debe inclinarse ante un interés privado, por respetable que sea.
Otra cosa es el funcionamiento de las administraciones. La complicación de sus procedimientos y la lentitud de sus actuaciones, debidas, por lo general, a falta de personal. Ahí sí que los afectados tienen toda la razón. Se puede y se debe mejorar, en rapidez y en preparación técnica. Si no hay servicio municipal de Arqueología para escribir los dictámenes previos, encomendados, cuando se hace, a instancias carentes de esa función, no son de extrañar las contradicciones. Y, perdónenme, los arquitectos saben de lo que saben. Todos sabemos algo de medicina pero no por eso prescribimos tratamientos. En Badajoz el sistema tiene un funcionamiento tan defectuoso, tan corrompido, que no son extrañas las protestas de los promotores. Pero los culpables no son los arqueólogos, por muy sumisos y mudos que se busquen. Eviten disparar contra el pianista.
