EL PARTIDO acusó ayer al equipo de gobierno municipal de incurrir en un fraude de ley por el incumplimiento del decreto que regula la contratación de auxiliares de ayuda a domicilio cofinanciada por fondos europeos a través de la Junta de Extremadura. Según denunció la edil socialista Rosario Ibán, de las 150 trabajadoras contratadas en estas condiciones por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) en febrero, 9 realizan labores administrativas dejando de atender a familias necesitadas.
