En estos momentos hay decretadas en el Ayuntamiento de Badajoz más de cien demoliciones de construcciones ilegales que no se ejecutan por falta de medios técnicos y de personal y por las propias garantías jurídicas de los afectados, pero que tienen un plazo de 4 años para hacerse efectivas, pues de lo contrario prescribirán, según los datos aportados ayer por el concejal socialista Moisés Cayetano.

El concejal reclamó mejorar la dotación del departamento municipal de disciplina urbanística, integrado en estos momentos por cinco trabajadores, que se encargan de toda la ciudad.

A raíz de la demolición del aljibe de la urbanización ilegal de la finca Los Rostros, Cayetano comentó que existen en la ciudad miles de ciudadanos inquietos porque desconocen en qué situación se encuentran sus propiedades. Ante lo ocurrido, el concejal solicitó al equipo de gobierno que realice un informe actualizado sobre las urbanizaciones ilegales existentes en la ciudad, como el que se realizó en el ayuntamiento hace doce años.

QUEJA El concejal cree necesario conocer la situación de manera "exhaustiva" para que la inspección urbanística actúe de una forma más rigurosa y al mismo tiempo la opinión pública vea garantizados los derechos a la igualdad. El concejal aludió a la queja expresada por muchos propietarios, que denuncian casos anteriores a los suyos que no han sido perseguidos. A este informe se le debería dar mucha publicidad "para que nadie sea llamado a engaño". Este análisis se podría hacer a partir de un barrido fotográfico aéreo, como mencionaba el informe que realizaron los socialistas.

Hace doce años había 28 áreas de admisibilidad residencial, donde se puede construir con ciertas condiciones y requieren la aprobación del un plan especial. Sólo cuatro zonas tienen aprobado este plan: Río Caya, Tres Arroyos, Dehesilla de Calamón y Golf Guadiana. Pero además había 7 áreas no reguladas o ilegales, 3 próximas a la ciudad (La Banasta, Fuente Caballero y La Mina), y cuatro en suelo no urbanizable (El Horno, Campomanes, Cuarto Obligado y Malas Aradas). En estos dos modelos, ambos ilegales, había 250 viviendas según aquel informe.

En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las áreas de admisibilidad se denominan Núcleos Urbanos Secundarios. Ocho no han crecido nada (Cerros Verdes, Calatraveja, Colonia de la Base Aérea, El Caballo, Campofrío, El Manantío, Los Pinares y Dehesa de la Corchuela). Pero otros lo han hecho de forma "desmesurada", según Cayetano. Es el caso de Campomanes, donde al amparo del área de admisibilidad, han ido parcelando y construyendo nuevas viviendas. La concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, no contestó a estas declaraciones.