El portavoz del grupo municipal socialista, José Ramón Suárez, defendió ayer que el equipo de gobierno no puede consentir más tiempo el sentimiento de "impotencia y frustración" del profesorado ante la sucesión de actos vandálicos que vienen sufriendo colegios de la ciudad.

Suárez defendió la puesta en marcha de medidas preventivas, como la instalación de alarmas conectadas a la policía o detectores de presencia, mejor que la colocación de rejas, así como incrementar la vigilancia de la Policía Nacional y sobre todo de la local, ya que los colegios son del ayuntamiento, además de completar la dotación de porteros.

Según los datos de Suárez, de los 36 centros públicos de Primaria, sólo 15 tienen vigilancia y no en todos ellos es "idónea". Apuntó que el ayuntamiento tiene la oportunidad de acogerse al decreto que sacará la Junta de Extremadura para contratar vigilantes, como ya hicieron 163 ayuntamientos con el decreto del 2002, al que Badajoz no se acogió.

A este respecto, el concejal de colegios, Antonio Avila, respondió que estudiarán el decreto de la Junta cuando llegue el momento, pero aclaró que no se pueden contratar conserjes para colegios en los que no hay vivienda, como es el caso del de Suerte de Saavedra.

Avila está de acuerdo con que se instalen sistemas de alarmas, pero debe sufragarlos la Junta, ya que se trata de una inversión nueva, mientras que su mantenimiento correría a cargo del ayuntamiento. El concejal también recordó que los únicos colegios con vivienda para el guarda que no están ocupadas son el Cerro de Reyes, a la espera de ser derribada y el del colegio de Fátima, que aunque ha sido recepcionada no reúne las condiciones necesarias.

BIBLIOTECAS El portavoz socialista también se refirió a la decisión del equipo de gobierno de dar marcha atrás al cierre de tres bibliotecas de barrio. Según Suárez, lo que han pretendido es "ganar dinero" con este asunto, pues explicó que la contratación de ocho personas para otras tantas salas de lectura se ha hecho con cargo al Fondo Regional de Cooperación Municipal, que depende de la Junta, y teniendo en cuenta que son once bibliotecas, el ayuntamiento se ahorraría 450 euros mensuales correspondientes a los tres puestos de trabajo restantes. La carta de cierre fue enviada a las asociaciones de vecinos el 17 de marzo y las pruebas para contratar a estas ocho personas se hicieron el 12 de abril, con lo cual "esto ya viene cocido". Suárez señaló que estas bibliotecas no se han cerrado finalmente "por la presión de los ciudadanos".