Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Badajoz han decidido no quedarse con los brazos cruzados tras los hechos sucedidos en el pleno extraordinario del martes, en el que se les impidió tomar la palabra después de la intervención del alcalde, Miguel Celdrán, quien se atuvo a la ley para negarse a informar sobre los cambios que pudiera hacer en el equipo de gobierno. El grupo socialista va a presentar una demanda en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Badajoz para defender el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos de los representantes de los ciudadanos; mientras que el concejal de IU, Manuel Sosa, ha preguntado por escrito al secretario general del ayuntamiento si se ha incumplido la normativa vigente. En ambos casos, consideran que habría que volver a repetir el pleno.

El portavoz del PSOE, Francisco Muñoz, compareció ayer ante la prensa para informar de la decisión adoptada por su grupo tras consultar a sus asesores jurídicos. Señaló que existen precedentes de casos similares, como la sentencia del Constitucional contra la decisión de Jesús Gil, cuando era alcalde de Marbella, de limitar a un minuto las intervenciones de la oposición.

El "pleno interruptus" del martes en el ayuntamiento demostró, según Muñoz, que "el PP no quiere debatir sobre la profunda crisis que han alentado ellos mismos y ha quedado reflejada en los medios de comunicación", en referencia a los cambios de opinión del primer teniente de alcalde, José Antonio Monago, sobre su presencia en el Senado. El portavoz socialista consideró que al impedirles hablar en el pleno extraordinario --que el PSOE solicitó por esta situación-- "el alcalde se ha pasado tres pueblos". Con el recurso que van a plantear, los socialistas esperan que se les restituya el derecho fundamental que tienen los representantes públicos a debatir y a fiscalizar la acción de gobierno con el objetivo de que se retrotraigan las actuaciones al momento en que se les quitó el uso de la palabra.