«Demoledor». Así califica el grupo municipal socialista el informe de Intervención sobre la cuenta general del Ayuntamiento de Badajoz en el que, según el concejal Emilio Pérez, se pone de manifiesto que el inventario de bienes patrimoniales no tiene reflejo contable y en el que la propia interventora exige una solución.

Para Pérez, la cuenta general refleja «la improvisación» del PP, que vive «en un continuado ajuste mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, además de las continuas notas de reparo que realiza Intervención ejercicio tras ejercicio». A ello, según dijo, se añaden la interinidad del puesto 922 de la RPT y la readmisión de dos trabajadoras del Archivo Municipal.

«Si a esto sumamos que este ayuntamiento vive actualmente con un presupuesto prorrogado, en base al acuerdo del PP con Cs, llegamos a la conclusión de que es un mal crónico el incumplimiento administrativo, algo que reitera la Intervención municipal desde hace años y denuncia el grupo municipal socialista sin lograr ningún atisbo de corrección por parte del PP», afirmó Pérez.

El PSOE recordó que el alcalde, Francisco Javier Fragoso, está realizando las funciones de concejal de Hacienda desde que la anterior responsable de esta delegación, Mari Paz Luján, renunciase en septiembre del año pasado, pues no ha puesto a nadie al frente de esta concejalía. A su juicio, esto es muestra de «la dejadez» del equipo de gobierno, que también se manifiesta en que «no presenta las cuentas a tiempo».

En este sentido, Pérez explicó que la Comisión Especial de Cuentas tiene que celebrarse antes del próximo 1 de junio y el pronunciamiento del pleno sobre la Cuenta General debe hacerse antes del 1 de octubre. La anterior liquidación de la Cuenta General fue retrasada hasta después de verano y se llevó al pleno el 25 de noviembre y, según el PSOE, con la cuenta general del 2016 se han vuelto «a batir todos los récords negativos», pues se ha presentado en comisión el 26 de febrero, nueve meses después de la fecha máxima que marca la normativa, y no pasará por pleno hasta el 25 de abril de 2018, 7 meses después de la fecha límite establecida. Para los socialistas, esta situación refleja «el fin de ciclo del PP en el gobierno de la ciudad, al que llega con pocas ganas de trabajar y sin ideas».