Las cifras hablan por si solas, si a alguien le interesan: en la perrera municipal entraron el año pasado 1.450 perros, procedentes sólo de Badajoz, de los que 1.200 tuvieron que ser sacrificados, porque no hubo nadie que mostrara interés en que permanecieran con vida.
El animal que tiene la desgracia de quedarse sin dueño o de nacer sin hogar, no sólo está condenado a ser sacrificado en cuanto se compruebe su orfandad, sino que en tan sólo 20 días la sentencia será de pena de muerte, ni siquiera cadena perpetua, y sin apenas posibilidad de que un amigo de los chuchos firme el indulto. Además de este destino injusto, el pobre animal se ve condenado a pasar los últimos días en unas condiciones que, según ha venido denunciando el grupo municipal socialista, distan mucho de las que cualquier dueño de perro desearía para su ser querido. Ha tenido que presentar una denuncia una asociación nacional de protección de los animales para que se abra un expediente sancionador a la Administración responsable de la perrera.
Es cierto que ya existe un proyecto para ampliar y mejorar las instalaciones, y que este centro presta un servicio importante para toda la provincia, pero clama al cielo que no se haya puesto solución mucho antes de llegar a este deterioro.
