Esta legislatura está siendo especialmente activa en el uso de una figura que puede considerarse simplemente un gesto político, sin más consecuencias, al menos cuando el criticado forma parte del equipo de gobierno. La reprobación del alcalde o de un concejal es un procedimiento que tiene por objeto afear la conducta o la forma de proceder del reprobado. Hasta ahora, en Badajoz, había afectado solo a miembros del equipo de gobierno, por ser precisamente los responsables de la gestión municipal.

En la anterior legislatura le ocurrió al entonces concejal de la Policía Local, Alberto Astorga, por el asunto aquel de aparcar su moto en un espacio reservado para discapacitados. Como el PP tenía entonces mayoría absoluta, no se aprobó, pero el reproche al unísono de la oposición sí se produjo.

En esta legislatura ya se han presentado --y aprobado- cuatro reprobaciones, a tres concejales del equipo de gobierno. La más afectada ha sido la concejala de Cultura, Paloma Morcillo. Primero por el asunto de las becarias del archivo municipal, que el ayuntamiento se vio obligado a contratar por sentencia judicial; y después por el cierre del Museo del Carnaval y de las bibliotecas municipales. De ambas resultó indemne porque el alcalde salió en su defensa sin fisuras. También la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, se vio en el ojo del huracán por unos comentarios homófobos vertidos en las redes a propósito de una fotografía. Su compañero Jesús Coslado sufrió el mismo juicio sumarísimo por unas manifestaciones en favor de mantener los nombres de los poblados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Siempre, la oposición, con mayoría, ha pedido el cese, pero la aprobación no ha tenido mayor consecuencia que la expresión pública de la crítica a la gestión.

La última reprobación ha sido distinta. Por primera vez el reproche se dirigía un concejal de la oposición. Para el alcalde, Francisco Javier Fragoso, no hay por qué extrañarse, pues las críticas pueden ir dirigidos en ambas direcciones. Será legítimo pero es inusual. Quien hasta ahora reprobaba pasa a ser el reprobado. Más chocante resulta aún que quien presente la propuesta no sea un miembro del gobierno sino otro concejal de la oposición. Desde fuera parecer un sinsentido, pero no para quien ha acudido a esta fórmula para exteriorizar su malestar con el comportamiento de un compañero de corporación.

En el pleno del viernes asistimos a la propuesta de reprobación de la concejala de Podemos Recuperar Badajoz, Amparo Hernández, por parte de la de Ciudadanos, Julia Timón. El reproche no es por una acción sino por una omisión, pues Timón echa en cara a Hernández que no la respaldase cuando fue insultada en el Ayuntamiento Abierto, un apoyo que le solicitó en la Comisión de Participación Ciudadana, que la concejala de Podemos preside. La reprobación se aprobó con el apoyo del PP, cuyo grupo está sufriendo desde hace meses los ataques continuos a través de las redes por parte de los mismos que ahora se ensañan con Timón. Estos excesos no pueden quedar impunes, pero de ahí a que Hernández como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana sea la responsable, hay un largo y complicado trecho. Paradógicamente, la reprobación de un miembro del gobierno no tiene consecuencias, nunca han cesado, porque es potestad del alcalde mantenerlos en su equipo, pero en este caso sí puede suponer perder la presidencia de la comisión, si así lo contempla Fragoso. La decisión tendrá muchas lecturas.