La pena de 15 años de prisión solicitada inicialmente por el fiscal para un ciudadano de nacionalidad portuguesa: J. P. P., acusado de los supuestos delitos de quebrantamiento de condena, de violencia de género, de amenazas y de violación, se quedó en 18 meses por el primero y segundo de los tipos delictivos mencionados. La razón de esta reducción de la condena fue la conformidad de los letrados de la acusación particular en nombre de la víctima y de la defensa del acusado, con la modificación de las conclusiones que el ministerio público elevó a definitivas, en el juicio seguido ayer en la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el día 11 de septiembre del 2009, cuando según el relato del fiscal asumido por los abogados, el acusado circulaba en un vehículo por la avenida Carolina Coronado, en Badajoz, y abordó a la mujer R. S. R., su exesposa. Y ello, a pesar de que debía permanecer alejado de ella por un orden judicial.

AGRESION EN EL NEVERO Tras obligarla el ahora condenado --en firme, según el presidente del tribunal-- a montar en el coche, se trasladaron hasta el polígono El Nevero, donde la golpeó hasta que la víctima logró salir del coche y huir, siempre según en relatos de los hechos probados asumidos por todas las partes.

La víctima ya había denunciado a su expareja con anterioridad, razón por la que existía una orden de alejamiento cuando se produjo la agresión. Ambos son del la localidad portuguesa de Campomayor, pero vivían en Badajoz cuando ocurrieron los hechos.

Durante la instrucción se recabaron pruebas de ADN, de ginecología, la medida de alejamiento e informes periciales que no llegaron a exponerse en la vista oral, pues fiscal y abogados renunciaron a su exposición una vez logrado el acuerdo de conformidad.

RENUNCIA A DECLARAR No obstante, se constituyó el tribunal y se llamó a declarar a la víctima, quien tras ser informada por el presidente de la sala de su derecho a no declarar en la causa, se acogió al mismo y no lo hizo.

Acto seguido el fiscal modificó sus conclusiones provisionales de modo que retiró las acusaciones de violación y de amenazas, manteniendo las de violencia de género con la agravante de reincidencia y la de quebrantamiento continuado de condena.

Una vez que el fiscal y los letrados anunciaron su compromiso de no recurrir el fallo judicial, el presidente de la sala lo hizo público, incluyendo una indemnización de 2.250 euros a la víctima.