El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, anunció ayer que ha solicitado una Comisión Especial de Asuntos Generales y Régimen Interior en la que solicita que comparezcan el superintendente y el fiscal de Tráfico, para que se le explique por qué en el informe policial elaborado por el primero en la denuncia por calumnias, injurias y revelación de secretos presentada por el alcalde contra Antonio García Borruel y miembros del Club de Debates Urbanos se recogen conversaciones suyas y de otros concejales en una red social. Cabezas consideró esto «una persecución policial y política» por hacer su labor en el ayuntamiento y se preguntó por qué no se le informó de ello.
Por su parte, la portavoz municipal, María José Solana, criticó que Cabezas haga un uso electoralista de una situación «gravísima» en la que políticos, funcionarios, sus familias «y todo el que tiene que ver con el ayuntamiento» han sido sometidos a «escarnio público» y que no le baste haber estado de «perfil» antes ello --lo mismo que el resto de la oposición--, sino que ahora dé un paso más y cuestione a la policía local. Solana señaló que el nombre del portavoz del PSOE aparece de forma «tangencial» y sin «ningún tipo de acusación» en una investigación necesaria por la gravedad de los «ataques», al mismo tiempo que lamentó no haber hallado en la oposición «la lealtad» que los hechos merecían.
