Andan las cosas del urbanismo pacense rondando rondando y lo que comenzó con una denuncia de Izquierda Unida sobre la propiedad de una franja de terreno que antes ocupaba el canal de Gévora, y que ahora aparece construida sobre una zona de la que podría ser dueño el consistorio --aunque la primera reacción de sus responsables fuera la de negar la mayor--, puede convertirse en una guerra interna dentro del propio ayuntamiento, donde ya se han pedido informes a los servicios jurídicos y a los técnicos de urbanismo, que al parecer estarían más dispuestos a reconocer la existencia de un error y a resolverlo, que a avalar alguna irregularidad cuando ha anunciado Izquierda Unida que pedirá responsabilidades políticas, administrativas y penales si hubiera lugar a ello.
El concejal Manuel Sosa ha planteado una cuestión que los técnicos jurídicos de su formación parecen avalar. De momento, deja libre de sospecha al alcalde, por lo que las responsabilidades parece concentrarlas en la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, quien ha tenido que ir recogiendo velas conforme se han ido aportando y desvelando nuevos datos del registro, del propio ayuntamiento y de los técnicos de la casa. Habrá que ver cómo se resuelve un asunto de 40.000 metros a 132 euros la unidad.
