El día 9 de abril los vecinos de la barriada pacense de Suerte de Saavedra vivieron uno de esos sustos a los que nunca se acostumbran. De nuevo los sonidos de un intercambio de disparos soliviantaban y rompían la convivencia en una zona ya de por sí castigada por el paro y la marginación, y que por entonces aún eran frecuentes estos enfrentamientos. Por enésima vez una confrontación entre familias acababa en un verdadero tiroteo al mejor estilo de holliwoodense, con exhibición de armas de fuego de diferentes tipos, incluidos un cetme --de uso militar-- y un revólver del calibre 38 --como ya adelantó este diario--, llevando el pánico al barrio.

La policía acordonó la zona en torno a la calle Olof Palme, e inició la búsqueda de pruebas y restos del tiroteo. La investigación concluyó con la detención de siete personas y el decomiso de armas de fuego.

Seis de los siete detenidos, identificados como J. R. S.; y C. F. S., además de J. M. R. B. y los hermanos R. J. S., L. J. S. y J. E. J. S., se sentaron ayer en el banquillo, todos menos J. G. C., que no compareció y para quien el fiscal pidió una orden de busca y captura. Pero estuvieron poco tiempo, pues ante la ausencia del séptimo acusado y de dos de los tres testigos protegidos que deben declarar, el presidente del tribunal, tras escuchar al ministerio fiscal y a los letrados de las defensas, decidió suspender la vista oral, que debía celebrarse entre ayer y hoy.

Tanto el fiscal como las defensas coincidieron en solicitar la suspensión para celebrar el juicio con todos los acusados presentes y hacer nuevos requerimientos a los dos testigos, que según los letrados decidieron no declarar "por motivos personales". Al menos los abogados Alfredo Pereira, Ildefonso Seller, Enrique González de Vallejo y José Duarte así lo pidieron. Incluso llegaron a manifestar sus sospechas de que los testigos protegidos pudieran "haber sido manipulados", o "construidos", y de que en realidad "no estuvieran en el lugar de los hechos".

"Tenemos que saber de qué y de quién nos tenemos que defender, y para eso necesitamos conocer quiénes son los testigos, a qué se dedican y si tienen algún interés en el caso, pues era lógica la protección durante la instrucción, pero en el juicio hay que contrastar las pruebas", manifestó Duarte a este diario.

"Hemos pedido que nos digan los nombres, apellidos, dedicación y si tienen relación con la policía", afirmó el abogado Alfredo Pereira, coincidiendo prácticamente con González de Vallejo y Seller. Este pidió al presidente de la sala que antes de emitir una orden de busca y captura contra J. G. C. se tenga la certeza de que su patrocinado fue citado correctamente, y anunció su renuncia a la defensa del mismo "por no haber podido hablar con él", dijo.

Los cuatro solicitaban la absolución de sus patrocinados, respecto de los delitos de los que les acusa el ministerio fiscal, participación en riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas a los tres hermanos y de depósito de armas de guerra para los del otro bando, por los que solicita penas que oscilan entre los cuatro y los ocho años de prisión.