Ha tenido que llegar un juez para obligar con una sentencia al equipo de gobierno y a los sindicatos a sentarse en una mesa de la que no podrán levantarse hasta que no lleguen a un acuerdo que solucione de una vez por todas el conflicto de la Policía Local de Badajoz con los servicios extraordinarios.

Cada vez que se organizaba una actividad multitudinaria en las calles de Badajoz, desde maratones a festivales musicales, fiestas de reivindicación de la identidad afectivo sexual o ferias patronales, el responsable de los municipales pinchaba en el tablón de los servicios extraordinarios un listado con los agentes que se encargarían de realizar trabajos fuera de sus jornadas ordinarias, para cubrir así las deficiencias de personal. Lo hacía a sabiendas de que tardarían en cobrarlos o, como es el caso que se presenta en estos momentos, quizá no lleguen a ver un euro por los servicios que prestaron en el 2014 y en el 2015. El listado seguía confeccionándose a pesar de que la situación no estaba regulada.

Ayuntamiento y sindicatos habían llegado a un acuerdo en enero del 2015 consistente en aplicar los llamados índices correctores. Básicamente se pueden definir como el mecanismo que permite que las horas que los policías trabajan fuera de lo que se considera la jornada ordinaria (de noche, festivos o fines de semana) computan más que las normales, que para el resto de funcionarios públicos vienen a ser desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde, de lunes a viernes. De esa forma, aunque en la realidad los agentes no llegasen a realizar con sus turnos las 37 horas y media semanales que obliga la ley, las que cubrirían con las horas intempestivas tendrían más valor para llegar al cómputo global mínimo. A partir de ahí, podrían desarrollar servicios extraordinarios y cobrarlos como tales.

Pero el acuerdo de los índices correctores no llegó a pasar por el pleno para su ratificación definitiva y necesaria, porque la interventora municipal no tiene clara su cobertura legal. Y no entraron en vigor. Los policías siguieron prestando estos servicios y el problema para pagárselos persistía. Los del 2012 y 2013 los cobraron porque el alcalde levantó la nota de reparo de la interventora. La intención era volver a hacerlo, con la mano alzada de toda la corporación, para abonar los servicios del 2014 y el 2015.

Hete aquí que un sindicato (el demandante dice que actuó a título personal, pero cuando habla utiliza la primera persona del plural, "nosotros") decidió acudir a los tribunales y su recurso paralizó los planes políticos en espera de que dictaminase el juez. Lo hizo la semana pasada, avalando el criterio de la interventora. Con su decisión, el ayuntamiento no sólo no podrá abonar lo que debe de los dos años anteriores, sino que ha provocado que haya que buscar una solución urgente, que además debería ser definitiva, para la que ambas partes se han marcado 2 o 3 meses de plazo.

Ha tenido que llegar un juez para que se pongan manos a la obra y solucionar una cuestión que parecía dormir en el sueño de los justos. Además es prioritaria, porque en esta ciudad no hay mes que no se salde con una o dos fiestas populares, que requieren un amplio despliegue de seguridad, para el que es insuficiente la jornada ordinaria policial. De momento, la solución que el alcalde ha buscado para le feria es que los policías trabajen un día más gratis, a cambio de su buena voluntad. Si finalmente lo hacen, el ayuntamiento tendrá que compensarles con otro gesto. Más pronto que tarde, equipo de gobierno y sindicatos están sentenciados a entenderse.