Mientras la comunidad autónoma no cuente con unos nuevos presupuestos, no habrá convenio para el mantenimiento del Punto de Atención Psicológica a las víctimas de violencia de género, según explicó ayer la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, en respuesta a las denuncias realizadas el día anterior por el concejal de Podemos Recuperar Badajoz Fernando de las Heras. Según señaló la concejala, este servicio funciona con una subvención de la Junta de Extremadura que no ha podido confirmarse aún porque en el 2017 se incrementa la cuantía y aún no se han aprobado los presupuestos regionales, que a partir del 1 de enero se prorrogan. «Hemos estado haciendo todas las gestiones posibles», apuntó Gómez de la Peña, para que el Gobierno autonómico adelante su compromiso con el ayuntamiento pero la declaración de intenciones política es insuficiente, según la interventora.

Respecto a los cinco trabajadores sociales del Servicio de Información, Valoración y Orientación (Sivo) que se sumaron en el último convenio firmado por el ayuntamiento con la Junta, la concejala señaló que el acuerdo era hasta el 31 de diciembre pero espera «y estoy casi segura», dijo, de que se mantendrá esta ampliación. Sin embargo, en la Consejería de Política Social no son tan optimistas. Ayer señalaron que el Ayuntamiento de Badajoz no convocó oposición o concurso oposición para esta ampliación y realizó los contratos por acumulo de tareas de una bolsa de trabajo ya existente, una fórmula «que no era la modalidad de contratación más oportuna», ya que en el resto de ampliaciones para toda la región se hicieron de forma permanente para reforzar las estructuras.

En relación a las bases para la plaza de director gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Gómez de la Peña defendió que la convocatoria es conforme a la legislación vigente para un puesto de dirección que se contempla en los estatutos del IMSS. Señaló además que la aprobación de las bases no es competencia del consejo rector, como manifestó De las Heras, si bien tanto la plantilla como la relación de puestos se aprobaron en el consejo rector en abril. Además, Gómez de la Peña pidió al concejal de Podemos «que no equivoque a los ciudadanos» porque no se trata de convertir un cargo de confianza en funcionario, «pues no es para toda la vida», sino que es un puesto de dirección y quien salga elegido se irá cuando cese el alcalde que lo nombra. Sobre el plazo de 15 días para presentar el proyecto, la concejala defendió que es el que se establece «en cualquier convocatoria, es lo que la ley marca». Además, recalcó que los conocimientos que se piden son los propios que desarrolla Servicios Sociales.