La fiscal de menores, Sonia Gandolfo, se quejó de la falta de comunicación que existe entre la Fiscalía de Menores y la Consejería de Educación, "cuando debería haber una relación, como la que hubo antes de la reforma del código penal de 1995, entonces manteníamos una relación fuerte y estrecha".

También lamentó la "pasividad" de los centros escolares. En su opinión, "son muy raros" los centros escolares que adopten medidas para reprender la actitud de aquellos menores que cometen actos que pudieran derivar en hechos delictivos. Existen casos de alumnos que están siendo amenazados o agredidos por sus compañeros, "pero los centros no hacen nada al respecto, las denuncias nos llegan de los padres". Si los centros hubieran actuado posiblemente no tendría que actuar la fiscalía.