Reunión de última hora. Aunque a las siete de la tarde los sindicatos mantenían que las conversaciones entre la concesionaria del servicio de limpieza, FCC, y los trabajadores estaban estancadas cuando la huelga indefinida para exigir su equiparación salarial con los empleados de la contrata en Mérida estaba a punto de cumplir 48 horas, a las nueve de la noche se convocó la mesa de negociación para tratar «de acercar posturas». Y es que pese a la voluntad y disposición al diálogo que han venido manifestando una y otra vez las partes, desde el lunes por la noche no se había producido ningún contacto, al menos oficial, para alcanzar un acuerdo. Al cierre de esta edición, la reunión continuaba y no había trascendido si ese consenso se había logrado o no.

Por la mañana, parecía que el despido de un trabajador y la sanciones impuestas a otros tres podrían haber enconado aún más el conflicto. Francisco Masero, portavoz del comité de huelga, calificó como «represalias» de la concesionaria el despido de un empleado que llevaba ocho años en la empresa por una cuestión sin importancia, así como las sanciones a otros tres --a dos con 30 días sin empleo y sueldo y a otro de 11 días-- argumentando que habían reducido su rendimiento. Aseguró que en ninguno de los casos estaban justificadas estas decisiones «ilógicas y desproporcionadas», por lo que se pusieron en manos de los servicios jurídicos.

Masero advirtió a la empresa de que ninguna medida de «presión» iba a hacer «que nadie se rinda», aunque reconoció que es normal que la plantilla tenga cierto temor ante nuevos despidos. Los trabajadores señalaron que hay, al menos, otras seis sanciones la mesa, aunque no se habían comunicado oficialmente. El sindicato USO anunció que no se sentaría a negociar el convenio colectivo mientras el trabajador no fuera readmitido y las sanciones retiradas.

Por su parte, fuentes de FCC negaron las acusaciones del comité de huelga y aseguraron que el despido y las sanciones «son fruto del incumplimiento de los servicios mínimos».

Cerca de un centenar de trabajadores se concentraron por la mañana en la plaza de España para «visibilizar» el conflicto laboral pues, según denunciaron, los servicios mínimos «abusivos» establecidos están haciendo que la huelga no tenga repercusión. De hecho, aunque había acumulada basura en algunos contenedores y calles que no se limpiaron, la situación no ha llegado a descontrolarse.

Según los sindicatos, el seguimiento en la segunda jornada de huelga volvió a superar el 90% y solo acudieron a sus puestos de trabajo el personal que debía cubrir los servicios mínimos y algunos trabajadores eventuales.

En cuanto a la «brecha» que separa a empleados y empresa, en la última reunión la propuesta de los sindicatos fue que el incremento salarial para equipararse con Mérida se hiciera efectivo en los próximos cuatro años, mientras que la empresa plantea que sea en seis. El incremento sería este año del 4% y hasta el 2021 del 3% anual. Asimismo, solicitan que el plus de correturnos, que ahora solo perciben una treintena de trabajadores, se abone a toda la plantilla y que se actualice (entre 40 euros para peones de día, lo mínimo, y 100 para conductores de noche, lo máximo», pero la concesionaria ofrece este plus para todos, aunque lo establece entre 30 y 40 euros para el 2018.

Las peticiones de los sindicatos son «inasumibles» en estos momentos para FCC, pues, según sus cuentas, esto supondría un incremento salarial de entre un 13,5% para el conductor de recogida y un 21,5% para el peón de limpieza en el turno de noche.

«A igual trabajo, igual salario» fue lo que defendió ayer el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, que acusó al alcalde, Francisco Javier Fragoso, de «ponerse del lado de la empresa» y se ofreció como mediador «si el no es capaz», dijo. También Podemos y Ciudadanos instaron a Fragoso a mediar en el conflicto para que se resuelva cuanto antes, pues, a su juicio, el ayuntamiento es el responsable del servicio de limpieza por ser una concesión pública. Fuentes municipales replicaron que se ha mantenido contacto telefónico con las partes para tratar de «desbloquear» la situación y que siguieran negociando.