El concejal de IU en el ayuntamiento, Manuel Sosa, informó ayer de la denuncia que han presentado ante la Fiscalía contra el alcalde Miguel Celdrán, que puede ir "desde una irregularidad administrativa a un presunto delito de prevaricación" por firmar un dictamen que favorece a una sobrina, cuando la ley lo impide si se trata de parientes hasta un cuarto grado de consanguineidad y, además, según su información, este expediente se resolvió con más celeridad que otros que se habían iniciado antes y que todavía están en trámite.

Ante esta denuncia, Celdrán respondió: "En estas fechas, viniendo de Manuel Sosa no le doy mucha credibilidad", al tiempo que argumentó que en el consistorio "se tramitan los documentos que se presentan y llevan el curso normal, independientemente de quién los presente".

CONTENIDOS DE LA DENUNCIA La denuncia alude a que una sobrina de Celdrán (casada con una persona que es personal de confianza del alcalde) denunció a finales del 2006 a un vecino por las molestias que le causaba su perro, un yorkshire. Las ordenanzas se aplicaron "de forma inflexible" en unos meses, según Sosa, quien afirma que una vez instruido el expediente se ordenó de forma inmediata la retirada del perro por parte de la policía. El artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas dice que "las autoridades y el personal al servicio de la Administración se abstendrán de intervenir en todo procedimiento cuando hay parentesco de consanguineidad dentro del cuarto grado". En este caso es de tercer grado y, por tanto, según IU, el alcalde debía haberse abstenido de dictar esa resolución, por lo que podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación.

Sosa comparó estos hechos, por ser homogéneos, con los que viene padeciendo una familia de las Vaguadas que, según denunció IU hace menos de un mes, ha presentado 15 denuncias desde el 2005 contra un vecino pidiendo la aplicación de las ordenanzas por las molestias de varios perros en el chalet colindante, sin que el ayuntamiento haya resuelto el expediente en dos años.

El edil señaló que se da la coincidencia de "doble posible delito" pues según el artículo 74 de la misma "en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza". Siendo así, hay una familia esperando desde el 2005 la resolución de un expediente mientras que en cuestión de unos meses "el alcalde se salta todos los expedientes que están delante y procede de forma inmediata con intención de beneficiar a familiares". IU cree que es un asunto grave que demuestra "la prepotencia, el nepotismo y el trato de favor en la aplicación de las ordenanzas por el alcalde".