La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Asociación de Amigos de Badajoz y ratifica la sentencia que en febrero del 2003 emitió el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por la que anuló la licencia de obras que concedió el ayuntamiento para construir la Facultad de Biblioteconomía y Documentación y la Biblioteca de Extremadura en la alcazaba, y condenaba a la corporación local a restaurar los bienes del patrimonio histórico a la situación existente con anterioridad a las obras autorizadas con la licencia impugnada.
Este fallo del TSJEx suponía tener que derribar parte de la facultad, pero el ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora acaba de dictar sentencia, en contra del ayuntamiento y en sintonía con la postura de Amigos de Badajoz.
La asociación no quiso ayer emitir juicio alguno sobre esta sentencia y remitió a una rueda de prensa el próximo lunes, donde explicarán si van a pedir su ejecución o no. Quien dio a conocer el fallo fue el portavoz del equipo de gobierno municipal, José Antonio Monago, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local. El Supremo afirma que el recurso del consistorio no puede prosperar porque aunque las obras amparadas por la licencia anulada habían sido autorizadas por la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Badajoz, los trabajos realizados son incompatibles con la protección prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
RAZONES MUNICIPALES Monago argumentó ayer que la sentencia no se podría ejecutar porque aunque Amigos de Badajoz así lo pidiese, cuando lo haga ya estará aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, donde, según dijo, el ayuntamiento ya ha consensuado con la Junta la situación de este edificio en la alcazaba, que fue construido por la Administración regional.
El portavoz del gobierno municipal recordó también, cuando dio a conocer la sentencia, que antes de construir la facultad hubo un informe favorable de la Consejería de Cultura para le ejecución del proyecto en este entorno y otro de la Comisión regional de Patrimonio, en la que estuvo como miembro el presidente de Amigos de Badajoz y no se opuso "y por lo tanto, a raíz de todos estos informes el ayuntamiento concedió la licencia de obras". La sentencia del Supremo impone al ayuntamiento las costas procesales por los honorarios del abogado de Amigos de Badajoz, de 2.000 euros.
