El anuncio hecho por el presidente de Telefónica, César Alierta, en Mérida, de que la compañía no se desprenderá del edificio que fue su última sede en Badajoz, La Giralda, y de que ya no está a la venta, ha causado una grata sensación en la ciudad. Esta decisión despeja las dudas sobre el futuro de un inmueble singular --ejemplo de arquitectura regionalista y obra de los arquitectos Pinna y Delgado Millán en 1927--, por el que se interesaron algunas instituciones y empresas, sin que se llegara a resultado alguno.

La dirección territorial de Telefónica --abarca Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla--, que lleva Enrique Bonet, señaló ayer a EL PERIODICO a través de su gabinete de comunicación que "en estos momentos se está planificando el traslado y viendo cuáles serán los distintos departamentos que se llevarán".

Sí confirmaron dichas fuentes que La Giralda mantendrá el despacho del director territorial, que será la sede central y emblema de Telefónica en la región, si bien aún no hay fecha para el traslado, pues "ahora los técnicos estudian si hay alguna parte del interior que necesite rehabilitación", por lo que la vuelta al edificio "no será inmediata".

La Giralda albergó unos conocidos almacenes hasta su adquisición por Telefónica en 1988 por 4,2 millones de euros --contenía cuatro murales del pintor modernista pacense Antonio Juez--, pero el edificio no se ocupó hasta 1992, una vez terminada una compleja obra de rehabilitación y redistribución.

CIEN EMPLEADOS En esa época llegaron a trabajar en La Giralda un centenar de personas; al final había 56, según el gerente de comunicación, Antonio Camacho.

La empresa puso el edificio en venta en el verano del 2002 y se interesaron por él el ayuntamiento, la diputación y algún banco, hasta que en julio del 2003 entró en negociación con una empresa de la región, MAFRESA, que tampoco fructificó.

Desde entonces se ha propuesto que lo adquiriese la diputación para ampliar el Museo de Bellas Artes, como hizo Amigos de Badajoz, o para albergar un museo del carnaval, como proponía la Falcap.

También el ayuntamiento se planteó la posible adquisición, aunque mientras el concejal de Hacienda, Nicasio Monterde, afirmó que había condiciones para la compra, días más tarde el alcalde lo descartó.

Según Antonio Camacho, el cierre del edificio se culminó hace dos o tres meses, cuando se trasladaron todos los servicios que había, aparte de la dirección, que eran: pymes, inmobiliarios, cobros, creación de red y relaciones institucionales.