La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso presentado por dos opositores de la Banda Municipal de Música contra el Ayuntamiento de Badajoz para que se repitiese el concurso oposición realizado en el 2014 para la provisión de 29 vacantes por la filtración de preguntas de dos de las especialidades (trombón y trompeta). En su momento, se acreditó que este hecho se había producido, pero como no se pudo demostrar la autoría de los mismas, se sobreseyó el procedimiento penal.

Los demandantes, que acudieron entonces al contencioso administrativo, argumentaban para solicitar que se anulase el proceso de selección que había vulnerado el acceso a la función pública, que existía desviación de poder y fraude de ley. Su recurso fue desestimado y recurrieron al TSJEx, que ha vuelto a dar la razón al ayuntamiento y los condena al pago de costas. Contra esta sentencia cabe recurso de casación.

De la decisión judicial informaron ayer la portavoz municipal, María José Solana, y la concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, tras la Junta de Gobierno Local, pues fue éste uno de los asuntos que se trató. Ambas defendieron que la sentencia del TSJEx avala que el procedimiento seguido por el ayuntamiento fue «correcto». Solana lamentó que este asunto se haya utilizado durante dos años de «escarnio político» hacia la gestión del equipo de gobierno e hizo que todos los opositores se vieran sometidos a una «presión» por las acusaciones.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local acordó la adjudicación de la vivienda ubicada en el colegio público Nuestra Señora de la Soledad a una familia que está atravesando una difícil situación económica. Con esta, ya son 17 las casas de centros educativos que se han cedido en precario a personas que las necesitan. Quedan tres pendientes de adjudiccarse, ocupadas aún por los funcionarios a las que fueron entregadas originariamente: la del colegio San José de Calasanz, la del Arias Montano y la del Piloto Guadiana. Los tres casos están en el juzgado para que sus actuales inquilinos sean desahuciados y puedan adjudicarse a familias con necesidad. Solana explicó que cuando fueron cedidas a los funcionarios, que no prestaban servicios en los colegios donde se ubican, éstos firmaron un contrato que les obligaba a devolverlas cuando se lo solicitaran.