El ayuntamiento tiene un mes de plazo para presentar en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) un proyecto redactado por técnicos municipales para ejecutar las obras de restablecimiento de los terrenos de la alcazaba donde estaba el Hospital Militar a la situación anterior a la construcción de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Así lo establece un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, con fecha 10 de septiembre y que llegó el día 14 al ayuntamiento, según dio a conocer ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo. Este plazo no significa que antes de un mes tenga que realizarse la demolición, sino que debe estar presentado el proyecto, a cuya realización el TSJEx no impone fecha.

Este auto responde a la ejecución de la sentencia dictada por este mismo tribunal en febrero del 2003 y confirmada por el Supremo en octubre del 2006, que anulaba la licencia concedida en septiembre del 2000, porque las edificaciones realizadas en el interior del recinto de la alcazaba árabe eran --y son-- contrarias al Plan General de Ordenación Urbana aún en vigor. La alcazaba de Badajoz está declarada Bien de Interés Cultural desde el 91 y el Hospital Militar tiene protección integral en el PGOU.

SIETE AÑOS Fue la Asociación de Amigos de Badajoz la que presentó un recurso en noviembre del 2000 contra las obras que estaba ejecutando la Consejería de Cultura de la Junta. Cuando el Supremo ratificó la decisión del TSJEx, el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Monago, dijo que no se podría ejecutar porque la nueva edificación ya se había regularizado en el nuevo Plan General, que está aún pendiente de su aprobación definitiva. Amigos de Badajoz instó a la ejecución de la sentencia y el ayuntamiento alegó que con el nuevo PGOU se legalizarían las obras ya ejecutadas y declaradas ilegales.

El concejal recordó que la construcción de la Facultad de Biblioteconomía en la alcazaba se hizo por concurso convocado por la Consejería de Cultura en el 98 y pasó por la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Junta de Extremadura, que informó favorablemente. Rodolfo apuntó que de aquella comisión formaba parte Amigos de Badajoz "que no puso ninguna objeción" y que en vista de que el proyecto estaba aprobado por la Junta y que se pretendía la revitalización de la zona, el ayuntamiento concedió la licencia de obras.

En el auto del 10 de septiembre, el tribunal no atiende las razones que esgrime el consistorio pacense. La sala del TSJEx recoge, expresamente, que la misma insistencia municipal en demorar la ejecución de la sentencia hasta que se apruebe el nuevo plan urbanístico "parece justificar que la aprobación de esa revisión obedece a la finalidad de evitar la ejecución de la sentencia", distinta a la que debe ser la razón de la planificación urbanística, según la Ley de Suelo, como es la de "un aprovechamiento racional del suelo".

JUSTIFICAR LA ALTERACION Asimismo, el juez añade que en la planificación urbanística deberían justificarse las razones por las cuales se va a alterar la antigua decisión de conservar el recinto de la alcazaba para integrar ahora la construcción de edificios "de arquitectura bien discrepante".

Tras este auto, el ayuntamiento tendrá que "restablecer si se puede" la situación original antes de que se construyese la facultad, "a pesar del quebranto que eso representa", dijo Celestino Rodolfo. Ante el problema que se plantea, la Concejalía de Urbanismo va a propiciar una reunión con la Asociación Amigos de Badajoz, la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura "para intentar en la medida de lo posible buscar una solución, porque es un tema de gravedad". El concejal reconoció que no sabe si sería posible ahora reponer el edificio del Hospital Militar a su situación anterior. La construcción de la facultad costó 4,8 millones.