El TSJEx renuncia a poner fecha al derribo del Cubo de Badajoz, pero debe hacerse "sin dilación"

Así lo dicta un auto del 24 de julio, que dice que "todas las actuaciones deberán hacerse por la vía más rápida que permita el ordenamiento jurídico". Y que "para llevar un control estricto de las actuaciones que lleven a la ejecución" de las obras, impone al alcalde de Badajoz la obligación de remitir un informe mensual de lo realizado el mes inmediatamente anterior". El citado informe debe entrar en el Registro de la Sala el día 1 de cada mes, o el siguiente si fuese festivo. El primero, el 1 de septiembre.

Concede además a las partes 15 días para presentar los informes periciales que consideren a efectos de decidir sobre la actuación consistente en tapiar los dos grandes huecos abiertos con dinteles metálicos. Contra el auto, de 24 páginas, cabe recurso de reposición que debe anunciarse en el plazo de cinco días.

El TSJEx vuelve a pronunciarse así sobre un asunto que comenzó con la denuncia de la Asociación Amigos de Badajoz y cuya primera sentencia se dictó en febrero de 2003, declarando la nulidad de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Badajoz en agosto de 1998 para la ejecución de las obras contratadas por la Junta de Extremadura con Necso Entrecanales y Cubiertas S. A.. Dicha obra tenía como finalidad la construcción de un edificio en el recinto de la Alcazaba para la ubicación de la Facultad de Biblioteconomía.

SECUENCIA El fallo citado imponía al ayuntamiento a la restauración de los bienes del patrimonio histórico devolviéndolos a la situación existente con anterioridad a las obras autorizadas. Este fallo fue confirmado en casación en octubre del 2006, instando Amigos de Badajoz su ejecución, a lo que respondió el ayuntamiento de la ciudad con un escrito en febrero del 2007 solicitando la suspensión de la misma en tanto se aprobara el nuevo Plan General Municipal y el de Ordenación, Protección y Actuación del Centro Histórico. Y que en caso de ser positiva, se declarara que no hubiera lugar a la demolición.

No obstante, la Sala emitió un auto en septiembre del 2007 en el que ordenaba proceder a la ejecución de la sentencia, requiriendo al ayuntamiento que en el plazo de un mes presentase el proyecto para ejecutar las obras necesarias.

La Junta y el ayuntamiento interpusieron entonces un recurso de súplica y el ayuntamiento presentó también un escrito en diciembre solicitando que se promoviera un incidente de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, en base a la aprobación del Plan General Municipal, que permitiría legalizar las obras cuya demolición se acordó en 2003.

En abril de 2008, el TSJEx dicta otro auto resolviendo el recurso de súplica declarando la inejecución de la sentencia y la Asociación Amigos de Badajoz interpone un recurso, que la Sala estima, atendiendo la razón de que el Plan general se aprobó con idea de esquivar el cumplimiento de la sentencia. El ayuntamiento recurre ante el Tribunal Supremo, que el 23 de octubre de 2009 resuelve a su favor.

Pero, rechazada de nuevo la inejecución, se da al ayuntamiento dos meses para presentar el proyecto definitivo, alegando aquel que no había transcurrido el plazo legal y solicitando seis meses para presentar el proyecto, a lo que se accede en el auto de enero de este año.

Ahora, ante los pasos dados por el ayuntamiento, la Sala renuncia a fijar plazos, limitándose a señalar que "haga lo tenga que hacer para ejecutar la sentencia, siempre por la vía más rápida posible que le permita el ordenamiento jurídico".

EL AYUNTAMIENTO VALORA Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, manifestó que el ayuntamiento acata y respeta el auto, se congratula de que la Sala renuncie a imponer un plazo concreto, pues "no había tiempo para cumplir los trámites legales", y negó que haya habido dilación, ningún intento de demora para asumir el contenido de la sentencia". En cuanto al informe mensual del alcalde, afirmó que "lo cumpliremos".

Sobre el plazo de 15 días para presentar los informes sobre los dos huecos practicados "en la antigua capilla", dijo que "mañana --por hoy-- nos reuniremos con los técnicos para empezar a trabajar en él", afirmó Rodolfo, quien aseguró que su valoración es desde el ámbito político, sin entrar en el terreno jurídico, a pesar de "no compartir algunas apreciaciones sobre la dilación", que negó que haya existido.

RESPETO MUTUO El concejal señaló que el ayuntamiento --para el que reclamó "el mismo respeto que profesamos a la justicia, pues no hay que olvidar que somos tan poder del Estado como el judicial"--, aún deben estudiar con los técnicos si recurrir el auto, aunque en lo fundamental "lo compartimos". El plazo para ello finaliza el 1 de septiembre, pues agosto es inhábil. No obstante, Rodolfo aclaró que "no renunciamos a encontrar una vía legal que impida el derribo".

El ayuntamiento, en cuanto a la referencia en el auto sobre habilitar los fondos necesarios, declaró que se habilitarán cuando se haya pronunciado la Comisión y la Dirección General de Patrimonio sobre el proyecto de demolición, pues el ayuntamiento "cumplirá estrictamente la ley y toda actuación sobre un bien de interés cultural requiere la autorización de Patrimonio".

MODIFICACION DE CREDITO Dijo que llegado el caso, se podría acudir a los remanentes, o a un crédito extraordinario. Y el primer teniente de alcalde, Alberto Astorga, declaró en Mérida que se está habilitando ya el crédito y que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la modificación de crédito donde va incluida la contratación de esa demolición, modificación que estará operativa en agosto, informa Efe.

El concejal de Urbanismo también se disculpó por si "en alguna declaración mía anterior pude ofender a alguien", dijo en relación a unas palabras suyas calificando un auto anterior de "chapuza". Y pidió que se tenga en cuenta que la actuación sobre el edificio afecta a una facultad de la Universidad de Extremadura y a su funcionamiento.