Tras reiteradas órdenes dadas a los propietarios de los edificios del número 9 y 11 de la calle San Juan para que aseguren y apuntalen las partes afectadas a raíz de los derrumbes en los inmuebles 11 y 13, el Servicio de Disciplina Urbanística se plantea "ordenar el desalojo preventivo si siguen incumpliendo", según manifestó ayer Enrique López, jefe de este servicio.
Desde que en mayo se produjeron los desprendimientos, el ayuntamiento ha dado, según dijo, sucesivas órdenes al propietario del número 11 para que apuntale el edificio.
También a la comunidad del número 9 "se le ha pedido que realicen estudios estructurales del inmueble y pongan testigos, a fin de determinar los movimientos del edificio que dicen que han notado, y por los que se han producido las fisuras", explicó.
Disciplina urbanística dará "un plazo corto de tiempo" a estos propietarios para que adopten las medidas de seguridad exigidas. López dejó claro que independientemente de quien sea el responsable de las grietas, "la ley dice que son los propietarios de las edificaciones afectadas los que deben mantener su seguridad".
