Los usuarios de los huertos familiares de los ocho poblados (que se han organizado en una coordinadora para intentar modificar la ordenanza municipal que va a regular estas explotaciones) tienen como objetivo que se garantice a quienes están cultivando estas parcelas que van a poder seguir haciéndolo siempre y cuando continúen trabajando estas tierras. Este es, según el portavoz de la coordinadora, Josué Otero, su principal motivación y quieren que así se refleje en la ordenanza.

Aunque muchos de estos usuarios aspirarían a poder adquirir estos huertos, el ayuntamiento ya ha descartado esta opción y Otero reconocía ayer que saben que no es posible porque tendría que hacerse a través de una subasta pública. Sí aspiran a que se les haga una cesión bajo unas condiciones: que se sigan utilizando como huertos, con el compromiso de que estén siempre cultivados y que los concesionarios corran con todos los gastos. Lo que no aceptan es que, como establece la ordenanza, les hagan un contrato de alquiler por cinco años, tras los cuales puedan quitárselos "de un plumazo" sin reconocer los derechos adquiridos durante tantos años.

Varios representantes de esta coordinadora fueron recibidos ayer por el secretario general de la Consejería de Agricultura, en Mérida. Solicitaron esta entrevista para informarse del proceso en que fueron transmitidos estos terrenos al ayuntamiento y que en la consejería escuchasen sus propuestas. Otero explicó, a la salida, que son conscientes de que no dependen de la Junta, sino del ayuntamiento, pero al menos creen que la administración regional podría intervenir como intermediaria.

Ahora están a la espera de ser recibidos por el concejal de Patrimonio, Jesús Villalba, que no ha contestado a su solicitud de entrevista, de la que el edil no tiene constancia, según dijo ayer, si bien se mostró receptivo a reunirse con los afectados. Villalba insistió en que con la nueva ordenanza lo que se hace es aplicar la Ley de Arrendamientos Rústicos. "No queremos ir contra nadie, sino que la gente esté documentada".

Los afectados no se plantean movilizarse mientras esté abierta la vía del diálogo y sean escuchados, pues lamentan que no se les haya tenido en cuenta. Villalba lo tiene claro: "Cuando se elabora una ordenanza no es para un vecino ni para doscientos, se gobierna para todos".