Los usuarios de los huertos familiares de los poblados, cuya situación quiere regular el Ayuntamiento de Badajoz como propietario a través de un ordenanza aprobada inicialmente, se han organizado y están movilizándose para intentar cambiar esta regulación. Ya está funcionando una coordinadora que aglutina a las comisiones creadas en cada uno de los poblados y, de momento, fruto de haber conseguido ponerse de acuerdo, han presentado alegaciones a la ordenanza y han solicitado (el 16 de agoso) entrevistas con el alcalde, Miguel Celdrán, el concejal de Patrimonio, Jesús Villalba, y el consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, para las que aún no han obtenido respuesta.

No están dispuestos a quedarse de manos cruzadas y lo que más les duele es que el ayuntamiento haya decidido regular una situación que les afecta directamente sin contar con ellos, "a pesar de que somos los verdaderos conocedores de la realidad".

Josué Otero es el portavoz de la coordinadora y ayer declaraba a este diario que ellos no se oponen a que se regule el uso de los huertos, todo lo contrario, lo creen necesario, pero lamentan que el ayuntamiento matriz haya elaborado una ordenanza "antisocial y antidemocrática".

En la coordinadora están 204 familias, todas usuarias de huertos (hay 305), con diferente casuística. La mayoría son los antiguos adjudicatarios del Iryda (cuyo uso les concedió para el autoabastecimiento de cada familia), otros sus herederos y otros en distintas situaciones, pero todos ellos están explotando estos terrenos. Por eso desde la coordinadora de afectados entienden que esta situación se tiene que regular, para garantizar el uso y disfrute.

210 IMPUGNACIONES Según el portavoz, no se han presentado 420 alegaciones como aseguró el día anterior Villalba en una información publicada por este diario, sino 210 impugnaciones a la ordenanza y otras 210 instancias con la propuesta de que estos terrenos se transmitan a estos vecinos por el derecho que tienen adquirido tras más de 50 años explotándolos. Otero reconoce que puede haber alguno que cultive un huerto que correponde a otra persobna que ya no quiere o puede hacerlo, pero no tiene conocimiento de que nadie esté pagando un alquiler, como tampoco le consta que alguien de Barcelona haya reclamado, como aseguró Villalba.

Otero apuntó que ha sido el consistorio el que dejó de cobrar por el arriendo de estos huertos pues los vecinos pagaban religiosamente al Iryda hasta que este instituto traspasó la propiedad al ayuntamiento en 1985 y desde entonces no les han cobrado nada, aunque ellos han seguido abonando religiosamente el agua para el riego.

El portavoz quiso dejar claro que la mayoría de los usuarios son jubilados que cultivan estas parcelas "como vía de escape". "Nadie tiene allí un chalet ni pretende especular con el terreno", recalcó. Al contrario, el ayuntamiento es el que ahora "pretende sacar un beneficio", a lo que no se oponen, siempre que sea un alquiler "asequible" pues las noticias que tienen es que el arriendo de terrenos privados es más barato.

"Iremos hasta el final", advirtió el portavoz de los afectados. Agotarán la vía administrativa y, quien pueda hacerlo, acudirá a la vía judicial, pues muchos no podrán correr con el gasto que conlleva. A este respecto, el abogado que los está asesorando, Joaquín Quintanilla, manifestó ayer a este diario que la ley ampara a estos vecinos que tienen el derecho del uso y disfrute desde hace más de 50 años y ahora el ayuntamiento pretende que firmen un contrato de arrendamiento durante cinco años transcurridos los cuales pierden este derecho y no reciben ni siquiera una indemnización.

Esta noche hay prevista en Gévora una reunión de afectados.