El Juzgado de lo Penal que enjuicia un caso de 26 delitos continuados contra la intimidad, por la grabación de mujeres en situaciones íntimas en un centro de discapacitados mentales y en otras dependencias, continuará el próximo lunes, al suspenderse ayer, a petición de la defensa, para elaborar su informe final ante los cambios anunciados por el fiscal y las acusaciones particulares.
Durante la tercera jornada del juicio, las partes anunciaron cambios en sus conclusiones, en distintos sentidos. La fiscal adelantó que contemplaría las atenuantes coincidentes con las propuestas por la defensa, lo que supone bajar de 3 años, 7 meses y 15 días a 2 años y 3 meses, según el abogado Alfredo Pereira.
Los letrados de la acusación particular, por su parte, anunciaron que habían apreciado la existencia de una agravante por transferencia de archivos a terceros y que subirían las penas, que antes oscilaban de 3 a 6,5 años, a un mínimo de 6 en tres casos. En el cuarto, Manuel Villalón apunta la teoría de que fueron 22 delitos agravados y elevará la petición a 13 años en total.
El letrado de la defensa, ante estas nuevas derivas, pidió al juez tiempo para preparar sus conclusiones conforme a las nuevas circunstancias, a lo que este accedió. Alfredo Pereira se reserva la posibilidad de solicitar la práctica de nuevas pruebas en el plazo dado, y afirmó que «tengo la prueba definitiva que echa por tierra la agravante de las acusaciones».
