Luis Carlos Rodríguez Zamora, el vecino de Badajoz que ha presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el alcalde, Miguel Celdrán, y la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, afirmó ayer que su situación es un caso claro de "persecución" por parte del equipo de gobierno, por haber recurrido la decisión municipal de derribar su vivienda. Asimismo, este vecino señaló que se ha producido un "trato discriminatorio evidente", ya que había órdenes de derribo anteriores a la de su vivienda que no se habían ejecutado y algunas de ellas han prescrito incluso.

Luis Carlos Rodríguez compareció ayer en rueda de prensa en el despacho municipal de IU, cuyo portavoz, Manuel Sosa, quiso insistir en que la edificación de esta casa, sobre la que gira la discusión, es ilegal, pero queda demostrado que el ayuntamiento ha actuado de manera "arbitraria" con este propietario, pues el artículo 74.2 de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece claramente que debe existir un orden en la ejecución de los derribos, que en este caso no se ha respetado, pues cuando se dictó la que afecta a este vecino, había otras 57 anteriores sin ejecutar y, en estos momentos, un centenar.

La mujer del querellante, que se mantuvo al margen de la rueda de prensa, susurraba los problemas que todo este asunto les está acarreando, "llevamos un año de pesadilla".

Luis Carlos Rodríguez contó que ha presentado la querella no "por una simple pataleta de un ciudadano al que han tirado su casa" sino porque considera que se han producido una serie de "discriminaciones".

Este hombre construyó su casa en una parcela del Corazón de Jesús, donde no se puede edificar y lo hizo sobre un remolque, para que no fuese inmueble. El primer juicio se celebró en el 99 y el juez declaró que la vivienda era inmueble, porque las instalaciones eléctricas y de agua la unen al suelo y porque había unos cimientos anteriores y había que demolerla.

INFORME

Luis Carlos sin embargo dice haber encontrado un informe favorable del perito del ayuntamiento, referida a una vivienda móvil del Complejo Olímpico Ibérico, una zona considerada de acampada, que también tenía la acometida eléctrica y de agua. En octubre del 2001, tras enterarse de la adjudicación de la demolición, presentó en el ayuntamiento otras órdenes de demolición no ejecutadas. En noviembre se presentaron los operarios del ayuntamiento, sin autorización judicial y el propietario recurrió la orden, con lo cual inició el segundo juicio. Sin embargo, sin esperar la desestimación del recurso, el alcalde dictó un decreto que señalaba la demolición para el 23 de mayo de este año, aunque tampoco había autorización judicial. Cuando ésta se obtuvo le notificaron la fecha del derribo y, ante la tesitura de tener que pagar 385.000 pesetas, decidió demoler él mismo la casa, porque le salía más barato. Así lo hizo, y ahora ya la vivienda no existe.

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