Miqui Reyes lleva 16 años viviendo en la barriada de Tulio. Compró un parcela hace más de 20 y empezó a construir su casa. Tiene las escrituras y paga el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero se lamenta de que no recibe nada a cambio. Las calles están sin urbanizar, carecen de iluminación, el agua que sale de sus grifos procede de un pozo y tampoco tienen red de saneamiento, sino fosas sépticas que tienen que limpiar periódicamente.

Montse Caldera lleva menos tiempo viviendo en este entorno. Confiaba en que se convertiría en un barrio semejante al del resto de la ciudad, donde criar a sus hijas pero entiende que los vecinos no pueden hacerse cargo de la urbanización, como les exige el ayuntamiento, porque carecen de recursos.

Vicente Herrera lleva 14 años y cuenta que su casa reúne todas las comodidades, no así su calle, ni lo que le rodea, a pesar de que paga sus impuestos, "pero no obtengo beneficio de ellos". Natalio no vive allí pero tiene tres naves "que cada vez valen menos".

Son los testimonios de cuatro de los 150 vecinos que viven en este barrio también conocido como Camino Fuentecaballero, situado a la altura de Los Montitos, cerca del Cerro de Reyes, entre la carretera de Sevilla y el Rivillas. Ayer comparecieron en rueda de prensa junto al candidato a la alcaldía por el PSOE, Ricardo Cabezas, que además había visitado la zona para conocer sus problemas.

La barriada de Tulio está fuera de ordenación urbana, como ocurrió en su día con el Cerro de San Miguel y La Banasta, ya regularizados. Cabezas se comprometió con estos vecinos a "desatascar el problema" y pedir --si entra en el ayuntamiento-- a los servicios jurídicos municipales que analicen la situación de estas viviendas para buscar una solución e incorporarlas al planeamiento urbano de la ciudad.

Cabezas recordó que las primeras casas se empezaron a construir en los 90 y fue a primeros del 2000 cuando la edificación alcanzó "su máximo esplendor". Apuntó que allí viven familias con niños, que no pueden desarrollar sus vidas con normalidad y que regularizar su situación supuso a muchos vecinos hasta 8.000 euros. "No pueden seguir en el limbo urbanístico", recalcó el candidato socialista.