Un primer grupo de 20 familias, de las 158 que resultaron afectadas por el escándalo inmobiliario de Valdebótoa tras la quiebra de la constructora PYC Coronas, ha conseguido ya resolver sus problemas con las hipotecas, tras haber alcanzado un acuerdo con el BBVA, según ha manifestado a EL PERIODICO un portavoz de los afectados, Joaquín María Ramos.

Estos 20 casos pertenecen a la denominada unidad de actuación número 4 (UA-4), de 36 viviendas, dividida en dos grupos, el citado de 20 y otro de 16. El primero formalizó el pasado viernes un acuerdo con la entidad financiera y firmaron sus préstamos hipotecarios para obtener el dinero con el que terminar sus casas.

Las otras 16 están pendientes de que el arquitecto les certifique la finalización de las obras, una vez que se termine de instalar la carpintería en las viviendas, que tras un acuerdo con aquel, cada propietario la está haciendo a su gusto, aseguró Ramos.

CERTIFICADO

Una vez que este segundo grupo obtenga esa certificación, podrá acudir a la misma entidad para firmar los préstamos con los que levantar la hipoteca que tenía el constructor y obtener cada uno la suya propia. En este caso, según Ramos, "nosotros compramos al constructor las casas terminadas al 96% y con carga, y las escrituramos como si hubiésemos finalizado el primer contrato; él ponía las casas a nuestro nombre y nosotros las terminamos".

Cuando estas 16 familias certifiquen el final de las obras, estarán en condiciones de acceder a una hipoteca individual a su nombre para pagar los 46.000 euros de la que tenía el constructor, y el resto será para terminar las viviendas. El grupo de las 20 viviendas ya ha conseguido un préstamo de autopromotor, con el que estas familias se hacen cargo de terminar la construcción. Seis de ellas están a un 80% y el resto al 10%.

Otro grupo en vías de solución, dentro de este complejo entramado, es el de la unidad de actuación dos, con 50 viviendas, que están terminadas y tienen cédula de habitabilidad, y por las que los propietarios tuvieron que pagar unos 2.400 euros para poderlas escriturar y levantar el embargo. De modo que, según afirmó Ramos, "el problema está en vías de solución".