Siempre he considerado un despropósito la imposición de la Junta de Extremadura de construir, de golpe y a 5 kilómetros de Badajoz, 2.900 viviendas, que representan una población semejante a la de Olivenza: un nuevo pueblo, con todo lo que eso supone en cuanto a la demanda de servicios, que no será la Administración Autonómica la que tiene que prestarlos, sino que se le exigirán al ayuntamiento.
El consistorio ha estado callando y otorgando pero ya empiezan a aflorar las repercusiones de esta decisión más política que urbanística. Esta semana, la concejala en funciones Cristina Herrera ha sugerido que los vecinos de Cerro Gordo tendrían que pagar el mantenimiento de la red de saneamiento, porque el resto de la ciudad no tiene porqué afrontar sus gastos. Siguiendo esa lógica, también costará más a estas familias el autobús urbano, y la limpieza viaria, porque los operarios tienen que trasladarse y otros servicios municipales que son atendidos con los impuestos que todos pagamos. Eso sin contar con el gasto del coche que necesitarán a todas horas para llegar al centro de la ciudad. Total, que las viviendas serán más baratas, pero la vida allí no tanto.
