Yo también quiero la plaza’ fue el lema del movimiento de protesta que surgió, siendo alcalde de Badajoz el socialista Gabriel Montesinos, cuando el ayuntamiento decidió recalificar el uso de la plaza de Conquistadores para que El Corte Inglés se instalase. Cuesta entender a día de hoy que hubiese ciudadanos y partidos (con Celdrán al frente, que entonces estaba en la oposición) que se opusiesen a que El Corte Inglés llegase a Badajoz, con el revulsivo que marcó en la actividad comercial de esta ciudad, donde supuso un antes y un después, con permiso de la crisis.
Los que se quejaban tenían sus razones. Al margen de la guerra política, había vecinos que salieron a la calle a manifestarse porque vivían en esta plaza y cuando ellos decidieron instalarse en sus pisos, les habían prometido que el terreno que circundaban sus viviendas sería una plaza amplia de esparcimiento y ocio. El lejío de los chinatos la bautizó Montesinos, para describir el abandono del espacio que durante años estuvo infrautilizado como aparcamiento en superficie. Pero a pesar de su aspecto de desidia, no dejaba de ser el mejor suelo de la ciudad y los vecinos se sintieron defraudados, traicionados y discriminados porque la Administración había optado por favorecer al gigante comercial en lugar de cumplir los compromisos adquiridos cuando diseñó el plan urbano. Ellos querían su plaza, que no era del ayuntamiento, sino de la ciudad.
Ahora yo también quiero mi plaza, de aparcamiento. La quiero gratis, en la puerta del lugar de mi trabajo, con una señal que indique que es una zona de estacionamiento restringida, si no a mi nombre, sí a favor de la matrícula de mi coche, que figurará en una tarjeta que el ayuntamiento expedirá para mí y que yo colocaré en el salpicadero, bien a la vista, para que la policía local pueda comprobar que esa es mi plaza y de nadie más.
Sería una aberración, ¿verdad? 60 euros me cuesta dejar mi coche en horario laboral en un parking subterráneo próximo y si no quiero pagar, malgasto un precioso y prolongado tiempo todos los días, por la mañana y por la tarde, en encontrar hueco donde aposentar mi vehículo mientras trabajo, en el centro. Una misión que en demasiadas ocasiones se me hace casi imposible.
Este problema ya no lo van a tener los profesores de la Facultad de Documentación y Comunicación, ni el personal administrativo, como tampoco el de plantilla de la Biblioteca de Extremadura y del Museo Arqueológico. El ayuntamiento había decidido adecentar la explanada más cercana al museo y restringir el uso de este espacio para que sólo ellos pudiesen aparcar. Ni los estudiantes, ni los trabajadores de la limpieza, ni los vigilantes de seguridad, ni los camareros de la cafetería de la facultad tendrían este privilegio. Así lo anunció, de manera que había trabajadores que quedaban fuera porque sus contratos no dependen de la Administración sino de empresas externas. Los tres centros lo aceptaron. La selección era discriminatoria y desprendía un tufo elitista. Lo más justo era todos o ninguno. No se entendían los motivos. La protección del monumento no era. Si fuese así, no aparcaría nadie. En principio dijeron que esta explanada tiene espacio para 90 vehículos y se habían solicitado 70 tarjetas. El personal excluido suma 20 personas, con lo cual cabrían todos. Finalmente el ayuntamiento ha rectificado y podrán aparcar todos los trabajadores (salvo los camareros), porque ha comprobado que hay sitio. Realmente lo justo sería permitir, como hasta ahora, que aparque el primero que llegue. Las tarjetas sobran.
