112 familias residentes en los pisos sociales de la barriada de Aldea Moret, en Cáceres, ya han escriturado sus viviendas, cuyo coste medio ha sido cifrado en 600 euros por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).
El ayuntamiento dará la posibilidad a los inquilinos, "que no quieren comprometerse con un banco", de entregar la vivienda y optar por un alquiler social, según ha explicado la regidora cacereña, Elena Nevado, durante el encuentro mantenido ayer con la Plataforma de Afectados por las Viviendas Sociales de Aldea Moret.
El consistorio no se hará cargo de los desperfectos estructurales que sufren las viviendas sociales de Aldea Moret, ubicadas en la avenida Río Tíber, en la calle Río Ródano y en la plaza 1º de mayo.
Estas fueron entregadas a sus adjudicatarios en 1988 y ahora el ayuntamiento reclama a diversas familias que las escrituren.
"No podemos intervenir, salvo en la parte que nos toque de los pisos que son titularidad del ayuntamiento, en esos gastos comunes" ha puntualizado la alcaldesa, quien ha aseverado que "el deber de conservación y mantenimiento" es de los propietarios, que en su día suscribieron esos contratos.
Además, ha resaltado que "todos los plazos para reclamar vicios constructivos ya han prescrito".
Nevado ha indicado que les gustaría "llegar a un acuerdo con cada una de las familias, porque no vamos a dejar a nadie en la calle".
Según la regidora, aquellas familias que tengan dificultades para escriturar las viviendas, podrán acceder a las ayudas que se articularán a través del IMAS.
"Lo que no queremos es que haya viviendas que estén ocupadas por personas que no fueron adjudicatarias en su día y que se niegan a regularizarlas, mientras hay ya más de un centenar de familias que han hecho un esfuerzo", ha apostillado durante el encuentro.
"Esa vivienda debe quedar libre para alguien que la necesite. Si usted paga su hipoteca en otro barrio, la tiene que pagar también en Aldea Moret o dejar libre la vivienda", ha insistido.
Con todo, Nevado ha garantizado que el ayuntamiento "no llevará a cabo ningún desahucio administrativo" a aquellas familias que no puedan pagar la hipoteca o su alquiler social.
