La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 37 de los 117 acusados por un delito continuado de blanqueo de capitales y de integración en grupo criminal a penas que suman un total de 188 años de cárcel. Además, les obliga a pagar multas por un importe que asciende a más de 20 millones de euros. El fallo de la sentencia, que leyó ayer la presidenta de la Audiencia Provincial, María Félix Tena, absuelve a otras 80 personas de ambos delitos.

El tribunal considera tres estados de gravedad en función de la mayor o menor participación de los condenados en los delitos de los que se les acusa. En un primer grupo se incluirían a los directores o «cabecillas» de la red, casi todos miembros de la misma familia, que habrían blanqueado 13 millones de euros procedentes «del tráfico de drogas» y que eran «los verdaderos propietarios de los fondos». En un segundo grupo estarían, según el texto de la sentencia, «aquellos acusados que, siendo también los verdaderos propietarios de los fondos de origen delictivo introducidos en el mercado financiero, no se sirvieron a tal fin de una red formada por una pluralidad de personas sino que realizaron tal actividad personalmente». Finalmente, en un tercer grupo estarían las personas que habrían realizado «una única operación financiera».

Estos argumentos justifican las diferentes condenas a los acusados, la mayoría residentes en Plasencia, en una sentencia de más de 460 páginas. Así se considera probado que Ángel Silva Vargas, alias «El Johnny», era el cabecilla de la red y le condena a seis años de prisión por blanqueo de capitales y dos por integración en grupo criminal. A su vez, le obliga a pagar 2.122.640 euros de multa. Su mujer, Dolores Pardo Fernández, también ha sido condenada por los mismos hechos, aunque deberá cumplir un año menos de prisión que su marido por integración en grupo criminal, aunque la multa económica asciende a la misma cantidad.

Otra de las penas más duras ha sido para el segundo cabecilla de la red, Jesús Silva Montes, a quien el tribunal ha condenado a seis años de cárcel por blanqueo y dos por integración en grupo criminal, así como a pagar una multa de 1.378.700 euros.

El resto de la familia también ha sido condenada por los mismos delitos, con penas que van desde los seis a los tres años y seis meses de prisión por blanqueo y un año de carcel por integración en grupo criminal, aunque absuelve a quince de ellos del delito de integración en grupo criminal.

Entre las 80 personas absueltas está el pastor evangélico Fernando Vázquez Vargas y su mujer, así como una empleada bancaria que estaba considerada responsable civil directo y Liberbank, como responsable civil subsidiario.

El fallo del tribunal considera probado que la red encabezada por ‘El Johnny’, para dar «apariencia de licitud», colocaba el dinero obtenido por el tráfico de drogas en diferentes bancos a nombre de sus familiares, incluso menores de edad, que participaban en diferentes productos bancarios. Así se creó «un entramado de actividades financieras», que fue creciendo progresivamente.

Contra este fallo, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Estanislao Martín, abogado del pastor evangélico y otras cinco personas, de las que 3 han sido condenadas por blanqueo de capitales, considera «muy dura» la sentencia, «porque se han ido a las penas máximas». A su vez, se muestra «muy contento porque se ha hecho justicia con la Iglesia Evangélica de Plasencia, porque ha absuelto a Fernando [el pastor] y a casi toda su familia». El abogado echa en falta que no se haya investigado a los responsables de las entidades financieras donde se depositaban los fondos, Liberbank, Caixa Geral y Banco Popular. Precisamente, apunta Estanislao Martín, fue esta última entidad quien puso sobre aviso al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales de la Agencia Tributaria de los depósitos bancarios sospechos de la red.

Martín adelanta que recurrirá al Supremo la sentencia de sus tres defendidos considerados culpables de blanqueo de capitales. Así mismo, el abogado espera del alto tribunal que «baje las penas incluso que absuelva a algunos de los condenados».

Cabe recordar que este juicio, celebrado el pasado otoño, fue el que mayor número de personas sentó en el banquillo de los acusados de toda España, 117 en total, y hubo 28 abogados defensores. Al no haber espacio en la Audiencia Provincial para una vista así, tuvo que habilitarse el salón de actos de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura en Cáceres. Las actuaciones judiciales sumaron un total de 13.500 folios y varias cajas de documentación.