Las 22 familias de Montesol irán a la subasta para salvar sus casas

Los afectados se han integrado en una cooperativa de la promotora Prinsa y han comprado los derechos del préstamo de 1,5 millones de euros que el Banco Pastor concedió al constructor para que hiciera las casas. Además de los 45.000 euros que no han recuperado de todo el proceso, cada familia ha tenido que desembolsar otros 71.000 para hacer frente al préstamo.

José Luis Martín Galindo, portavoz de los afectados, compareció ayer también para solicitar a la Dirección General de la Vivienda que "estudie caso por caso" la situación de cada familia con el fin de poder "recalificar" las viviendas y obtener así una ayuda económica. Este departamento respondió que analizará sus ingresos por si tienen derecho a optar a algún tipo de subvención. Todas las viviendas tienen la calificación de protección oficial a precio concertado y debían de haberse entregado en junio del año pasado.

Este portavoz también advirtió de que se movilizarán "si algún espabilado pretende aprovecharse en la subasta" y recordó que, con los intereses del préstamo y otros gastos, tendrán que pagar por sus viviendas más de 180.000 euros cuando el precio estaba fijado en 138.000.

El Juzgado de Instrucción Número 3 indicó ayer que está pendiente de recibir por parte del Registro de la Propiedad las certificaciones que son obligatorias de cada una de las fincas para poder sacarlas nuevamente a subasta. Recordó que estuvo señalada, pero que tuvo que suspenderse porque había un error al ser varias fincas, no una como se entendía en un principio. El señalamiento que solicitan ahora los afectados se producirá cuando todos estos trámites estén finalizados.

El portavoz de las familias expresó su deseo de que puedan estar viviendo en las nuevas casas a finales de este año. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con Población para que ofreciera su versión del caso.