Casi la mitad de los gastos comprometidos por el consistorio sin tener dotación presupuestaria y que se deben a proveedores se adeudan a cinco empresas: Arco Iris, Ampema, Aglosan, Duran Lasso y D. Gallego. La deuda con estos proveedores suma 1,5 millones de euros. Son gastos comprometidos en su mayoría por la concejalía de Obras y en menor porcentaje por la de Tráfico, y son anteriores al ejercicio actual, principalmente proceden de los años 2003 y 2004.

Estos gastos autorizados y comprometidos necesitan de un reconocimiento extrajudicial de crédito por parte del pleno de la corporación y dotarlos de financiación. La deuda total por estos conceptos (gastos autorizados y dispuestos sin reconocimiento de crédito) es de 3,3 millones, según la estimación del gobierno municipal, y es una de las cuestiones que ha capitalizado y presidirá el debate económico en lo que queda de ejercicio.

La realización de estos gastos, que no cuentan con un crédito exigible contra el consistorio por parte del proveedor, es una situación que se da en otros ayuntamientos. Pero en el caso de Cáceres está detrás de la crisis municipal que dejó al gobierno local en minoría, cuando Felipe Vela se marchó tras denunciar esta situación, y provocó la celebración de un pleno extraordinario pedido por el grupo socialista para que se explicasen estos gastos. El PSOE ha llegado a pedir esa información vía juzgado.

Ahora vuelven a ser actualidad, previo al debate presupuestario, al reclamar la oposición al gobierno un reconocimiento extrajudicial de crédito para estos gastos. El gobierno ya ha anunciado que se buscarán mayores ingresos para su financiación, que es la misma solución que se dio para afrontar el remanente de tesorería negativo de 1,9 millones con el que se cerró las cuentas del 2004, lo que obliga a que el presupuesto del 2006 tenga un superávit por 1,9 millones.

CONTRATOS Pero el debate ahora no es sólo cómo se harán efectivos esos mayores ingresos, sino las explicaciones sobre los gastos realizados por un importe de 3,3 millones. El gobierno avanzó en el pleno extraordinario que se celebró en mayo que las necesidades de Cáceres y los imprevistos y emergencias que surgen obligan a hacer antes la intervención que la propuesta de pago y reconocimiento de crédito.

No obstante, la duda a resolver es qué proceso administrativo se siguió para contratar esas intervenciones, dado que por los montantes de las deudas, salvo que sean cantidades acumuladas de pequeñas obras o actuaciones, son cifras superiores a los límites para los contratos menores. Tampoco se ha explicado el grado de urgencia de las mismas, que podría permitir un proceso negociado y sin publicidad.

Casi la mitad de esos 3,3 millones se reparte entre cinco empresas. La deuda mayor es con Aglosan, 391.000 euros, mientras que Arco Iris, con 363.000 euros, tiene facturas tanto de Obras como de Tráfico. Al igual que D. Gallego, con 355.685 euros. El débito con Ampema es de 250.000 euros y con Durán Lasso es de 153.000 euros. A estas cantidades hay que añadir el resto de 1,8 millones hasta completar los 3,3, que se adeudan a varios proveedores y que necesitan de un reconocimiento de crédito.

A Obras, que con Personal y Concesiones Administrativas es la concejalía de la que depende la ejecución de un mayor volumen de los presupuestos, corresponde el 75% de estos gastos, mientras que a la concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana es atribuible el 7%. El resto se reparte entre otras concejalías.