El macrojuicio con 14 acusados por tráfico de drogas se centró finalmente ayer en una de las imputadas, después de que los otros trece (nueve de una misma familia) llegaran a un acuerdo con la Fiscalía tras reconocer los hechos. María del Carmen B. E., acusada de proporcionar heroína y cocaína al cabecilla del grupo, Jacobo S. F., negó que se dedicara a vender droga.

Aseguró que hace tiempo sí lo hizo pero que, tras cumplir su condena --tres años y seis meses de prisión--, no ha vuelto a traficar. Dijo que no conocía a Jacobo y señaló que con Juana. R. V., la mujer de Jacobo, coincidió en la cárcel, pero negó que tuviera relación con ella fuera de prisión y que suministrara a la familia de esta la droga. En las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil los compradores siempre se dirigen a María del Carmen con el apodo de 'La Cana', sin embargo ella negó que la denominen de esa manera, al igual que Juana.

María del Carmen se dedica a la venta ambulante. En las escuchas nunca hacía referencia a la droga, sino a frascos de colonia, vestidos o zapatillas. La Guardia Civil y la Fiscalía creen que era su manera de referirse a las sustancias estupefacientes, pero ella lo niega. En el registro que se realizó en su casa se le incautaron varios teléfonos móviles, una pistola de aire comprimido y algo más de 300 euros en efectivo. El Ministerio Público solicita la pena de seis años de prisión. Su defensa pide la absolución.

DOS CLANES DISTINTOS En cuanto a los otros trece acusados, formaban dos clanes distintos: Uno operaba en Cabezuela del Valle y se abastecía del otro, afincado en Plasencia. En el de Cabezuela están implicados José D. L., su mujer Dalila M. T. y Guillermo G. C., que residía con la pareja. El primero, el cabecilla de este grupo, ha aceptado la pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 2.000 euros. El atendía a los clientes de confianza. Su mujer, que hacía principalmente funciones de vigilancia, cumplirá tres años de cárcel con una multa de 2.000 euros. Y Guillermo, que atendía al resto de los clientes, dos años de prisión y 1.300 euros de multa.

Para el cabecilla de Plasencia, Jacobo S. F., trabajaban ocho de sus familiares. Vendía cocaína y heroína tanto al menudeo como a terceras personas para que estos a su vez vendieran al menudeo. Aceptó una pena de cinco años y medio de prisión (cuatro y medio por tráfico de drogas y un año por tenencia ilícita de armas) con una multa de 90.000 euros (está en prisión desde el 23 de abril del 2013). Su mujer, Juana R. V., realizaba funciones de vigilancia, contactaba con los compradores y en ocasiones les atendía. Aceptó la pena de cuatro años y medio y una multa de 90.000 euros. Ambos son reincidentes porque ya fueron condenados por esta misma causa.

María Jesús F. F. y Manuel S. V. son los padres de Jacobo. Suministraban heroína y cocaína a terceros. Ambos han sido condenados a cuatro años y seis meses de cárcel y a una multa de 90.000 euros. Jonathan S. F. (sobrino de Jacobo) y su mujer, Soledad J. S., también colaboraban con el clan, principalmente con labores de vigilancia y custodia de la droga. Ella lo hacía durante los permisos penitenciarios que iba obteniendo, ya que fue condenada en 2010 por tráfico de drogas. Jonathan aceptó la pena de cinco años y medio de prisión y ella de dos años. Ambos tendrán que pagar una multa de 90.000 euros.

MAS FAMILIA IMPLICADA Diego S. E. (sobrino del cabecilla) vigilaba para que su tío y sus abuelos hicieran las entregas. Cumplirá tres años de prisión y 90.000 euros de multa. Emilio R. V. (cuñado de Jacobo) ponía en contacto a éste con proveedores de droga de nacionalidad sudamericana. Cumplirá tres años de cárcel. Por último Marina S. V., tía de Jacobo, adquiría la droga de su sobrino y la vendía a terceros. Aceptó tres años de prisión.

También estaba imputado Agapito T. V., politoxicómano, que transportaba las sustancias y hacía de vigilante a cambio de droga. Cumplirá dos años de cárcel (1,6 por tráfico y seis meses por tenencia ilícita de armas) y deberá pagar 90.000 euros de multa. En cuanto a las multas, si no las pagaran, todos deberán cumplir dos meses más de cárcel.