El abogado de los propietarios afectados, Jaime Rojas Prieto, se mostró ayer "completamente satisfecho" con la resolución de la Audiencia, "porque he conseguido que mis tesis sean aceptadas y que la investigación se continue frente a los verdaderos responsables de la comisión del delito". No procede, añadió, que haya determinadas personas que compren fincas enteras, "las segregen de manera ilegal, las vendan, incluso con engaño, y se responsabilice a otros", en este caso concreto, matizó, la mayoría trabajadores y pensionistas.